SERGIO ARMANDO López-Castillo
Una de las profesiones más peligrosas de ejercer en México, es el periodismo. Una actividad apasionante y a la vez altamente riesgosa la nuestra.
Tan solo en el sexenio de 2006 a 2012, en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico” y los daños colaterales de Felipe Calderón, murieron 101 trabajadores de la información, hombres y mujeres.
Pero en el tramo de gobierno de Enrique Peña Nieto, las cosas en este aspecto, no fueron tan distintas. A otros 96 compañeros y compañeras de profesión, les fue arrebatada la vida, en cumplimiento de su deber ante la sociedad, haciendo periodismo desde diversos medios y géneros.
En el actual periodo de administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a las cifras del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación, van 63 crímenes, todos relacionados con el ejercicio de la comunicación y el periodismo.
En esta calamidad para los colegas y todos quienes hacemos de este oficio y profesión un baluarte y apostolado desde hace muchos años, lo que más asombra y preocupa, es que la impunidad en todos estos casos de ataques al periodismo, según el propio Mecanismo de Protección de Periodistas, es que la impunidad en los mismos, es del 86%. Es decir, no hay resolución satisfactoria, ni se castiga a los culpables, en la gran mayoría de los asesinatos.
El panorama es, sin duda, desalentador para los periodistas de México y también para quienes son defensores de los derechos humanos. Sin embargo no debemos bajas la guardia y seguir informando, investigando, desentrañando, revelando todo aquello que deliberada o circunstancialmente esté oculto y signifique corrupción, engaño, mediocridad o lo que sea, tanto en el ámbito público como en el privado.
Amigos y colegas periodistas y comunicadores, y también defensores de los derechos humanos, el gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación y el Mecanismo de Protección a Periodistas y derechohumanistas, pretende hacer una Ley General sobre la materia, para homologar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de los periodistas de México, inclusive proponiendo que sea de rango constitucional.
Esperemos que eso se logre y sobre todo que funcione y opere con efectividad. Por lo pronto el protocolo de protección existente, de acuerdo con estas autoridades, cuenta con un número de contacto federal para quienes nos podamos encontrar en situación de riesgo por nuestro trabajo profesional: 5539585629 de la Secretaría de Gobernación, y a nivel local, la Fiscalía Especializada de Víctimas de Delitos contra Periodistas también tiene un número: 6142016845.
