2ª. de dos partes.
Sergio Armando LÓPEZ-CASTILLO
La primera semana del mes de enero, año 2016, Isaac Gamboa le llamó a Jaime Herrera Corral para pedirle que fuera a la oficina de la Unidad de Política y Control Presupuestal (UPCP) de Hacienda federal, a formalizar la firma del convenio del FORTAFIN (Fondo de Fortalecimiento Financiero), por 275 millones de pesos como se había acordado con el personero de Manlio F. Beltrones Rivera; Alejandro Gutiérrez (La Coneja).
El hoy ex secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, con César H. Duarte, Herrera Corral, fue el encargado de “bajar” los recursos federales de Chihuahua, al igual que otros dos funcionarios designados directamente por Duarte Jáquez, hoy sujeto a proceso penal por peculado en el estado grande.
Esos tres cercanos al ex gobernador extraditado, fungieron como contacto entre las partes involucradas en los desvíos; esto es, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priísta, los prestanombres de las empresas fantasma y los citados burócratas de las dependencias estatales encargados de simular el papeleo.
Se trataba de Gerardo Villegas Madriles, entonces director general de Administración de la Secretaría de Hacienda estatal, y pariente a la vez de Duarte, además de Antonio Tarín García, quien era director de Adquisiciones de la misma dependencia en Chihuahua.
Un ex colaborador de César Horacio Duarte citó en este tema, que la implementación del “novedoso programa” SAFIRO, a instancias de M.F. Beltrones, metió en aprietos operativos a los funcionarios de aquel gobierno del estado. Estos duartistas ya tenían cierta instrucción en el desvío de los dineros del erario, de acuerdo a una fuente, pero los “descanchó”, o sacó de onda, de alguna manera, el tema SAFIRO – Operación que según testigos, fue importada del Estado de México, donde habían celebrado elecciones apenas en 2015- de acuerdo a testimonios fidedignos.
Durante el gobierno de César Duarte se habían enderezado recursos ilegalmente, pero para beneficiar a amigos, cómplices y familiares del mismo ex gobernador, hoy procesado, pero en el mismo estado.
Lo anterior, tanto para financiar elecciones locales y ayudar a los candidatos propios y para pagar sobornos etc. Sin embargo, tuvieron que ceder a la petición de Beltrones y su gente, Gutiérrez Gutiérrez “La coneja”, y otros, para desviar recursos públicos chihuahuenses y destinarlos a una maquinaria político-electoral, a nivel nacional.
Así SAFIRO se convirtió en el nombre de un sistema de desviaciones de dinero, en el que se había sumado a Chihuahua, Duarte y sus lacayos. De ese modo, en ése estado, el propio PRI local comenzó a manejar un operativo que llamaron: “SIPRI”, que tenía como objetivo capturar información de promoción del voto, que con César Horacio, su allegada e íntima Presidenta del partido, Karina Velázquez Ramírez, se utilizaba para alimentar una base de datos tricolor que, a su vez, llamaron “Gobierno del Territorio”.
Es decir, se buscó que la estructura de gobierno, la oficial, llevara a cabo trabajos en horas laborales, por dependencias, municipios y colonias, mediante el levantamiento de encuestas, para ver qué necesidades se tenían en esos sitios, sobre todo en zonas de menos recursos.
Dentro de los sondeos se preguntaba cómo estaban las cosas y a la vez buscaban inducir las respuestas a favor del partido en el gobierno de ellos (PRI).
Un ex colaborador de Duarte indicó que el esquema “SIPRI” y el “Gobierno del Territorio”, operó desde el 2010 que tomó el poder el “Ballezano” y se aplicó en la elección intermedia del 2013 con relativo éxito.
No obstante, en el 2016, cuando se pondría en juego la gubernatura, se dio la indicación de desplazar al “SIPRI”, para echar a andar la Operación SAFIRO, con algunas resistencias de políticos priístas chihuahuitas, que ya estaban muy familiarizados y acostumbrados al SIPRI.
Una vez que a la Hacienda de Chihuahua fueron transferidos aquellos 275 mdp del FORTAFIN, desde la Hacienda federal, los funcionarios de Duarte se toparon con la disyuntiva de cómo hacer el “traspase” de los fondos al CEN del PRI. Según un pacto, el estado se quedaría con 25 mdp y debería retornar 250 millones restantes.
En ese trance, un funcionario del estado, entonces, se preguntó ¿Y a poco así como viene el recurso, se los vamos a regresar?- Dijo extrañado y confundido, Jesús Olivas Arzate, quien fungía de director de egresos de Hacienda estatal.
Pues es la instrucción de esos cabrones, -Replicó el titular de Hacienda, Jaime Herrera Corral. –Nooo!, exclamó Olivas Arzate, -Nos vamos a meter en broncas…
Luego Herrera espetó: -Porqué si es un acuerdo de ellos, entre Hacienda federal y el PRI nacional.
-Pues es dinero federal, aclaró Olivas. ¿Entonces?
Haremos una sustitución de recursos, propuso Olivas Arzate. El dinero del FORTAFIN lo aplicamos para lo que lo están enviando etiquetado, y de aquí les mandamos del dinero de la nómina magisterial o algo así. En lugar de mandarles el capital federal, les depositamos recursos del estado- sugirió.
Herrera Corral le tomó la propuesta a Olivas Arzate, pero sin comunicarle esa decisión al gobernador Duarte, quien hasta el final creyó que el dinero desviado fue del FORTAFIN.
La finalidad de la “sustitución de fondos” era eludir revisiones de la Auditoría Superiores de la Federación, tal como lo declaró el propio ex secretario de Hacienda estatal al Ministerio Público.
Otro motivo fue, que para agilizar el desvío resultaba mejor ajustarse a las reglas de adjudicación de la normatividad local:
Así fue como los dineros operados por la SHCP se transfirieron a la Secretaría de Educación (SECYD) de Chihuahua, con el fin de aplicarlo en forma ordinaria y que el capital exigido saliera de dinero público, pero con origen estatal, ello como decisión de las áreas de Egresos y Administración de la Hacienda del Estado a efecto de no hacer una devolución de recursos de origen federal con el mecanismo solicitado, y no ser observados por la ASF.
A la postre esa decisión sería crucial en el cauce legal que seguiría la investigación de la Operación SAFIRO, pues mientras que la fiscalía estatal defendía que Chihuahua es víctima de los desvíos, dado que los recursos afectados fueron de raíz estatal, el gobierno federal peñista sostenía que se trataba de dinero federal, lo que excluiría al Estado de la jugada al no tener supuestamente, interés legítimo en el asunto.
Los operadores de Duarte Jáquez decidieron que la dependencia estatal idónea para desviar los fondos del FORTAFIN, era la secretaría de Educación, en ese momento encabezada por Ricardo Yáñez Herrera, hermano de aquel ex cercano amigo de Elba Esther Gordillo Morales, en sus tiempos de gloria; Francisco “Paco” Yáñez Herrera.
De acuerdo a testimonios de la carpeta de investigación del gobierno de Chihuahua, la simulación de las contrataciones para justificar el desvío de los 250 millones de pesos acordados, se hizo con premura y sin ni siquiera guardar las apariencias, porque al gobernador César Duarte le “urgía” la entrega del dinero al CEN del PRI.
La realidad es que Alejandro Gutiérrez “La coneja”, no dejaba de presionar en el tema. Esa era la premura que derivó en errores de procedimiento técnico, que posteriormente, en el periodo de transición al gobierno de Javier Corral Jurado, evidenciarían la trampa corrupta.
Para hacer la sustitución de recursos, Jaime Herrera le pidió a Yáñez que enviara a la secretaría de Hacienda estatal, una solicitud de suficiencia presupuestaria por 250 millones de pesos para la contratación, desde la Secretaría de Educación, de cursos de capacitación para maestros y padres de familia, así como para adquirir un software.
El secretario Yáñez lo hizo y de inmediato recibió la autorización firmada por el mismo Herrera Corral.
Los testimoniales de los duartistas dieron cuenta de las dudas que asomaban mientras hacían el trabajo sucio. Yáñez declaró que cuando menos en tres ocasiones quiso corroborar con su jefe, el gobernador Duarte, si en efecto, era orden suya el desvío de tal cantidad de dinero.
Me reuní con Jaime Herrera y éste mandó llamar a Gerardo Villegas y a Antonio Tarín. En la reunión se tocó el tema de la ampliación de suficiencia presupuestal citada, y Herrera Corral comentó que se había acordado con Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, (La coneja), quien en ese momento se desempeñaba como secretario de finanzas del PRI nacional, la operación por parte del estado de Chihuahua, de un recurso federal enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la federación para destinarlo al PRI central.
Se dijo ahí que esa situación ya estaba avalada por el gobernador Duarte, de manera que lo teníamos que hacer. Entonces se nombró a Tarín García como enlace por parte del gobierno del estado, y se dijo, que por parte de Alejandro Gutiérrez “La coneja”, se designaría a su hijo Alejandro Gutiérrez Jr., para manejar esa salida del dinero del estado, al PRI nacional y que “La coneja” a través de su hijo serían los encargados de proporcionar lo necesario para simular la prestación de servicios al gobierno y la idea sería armar procedimientos simulados de contratos entre la Secretaría de Hacienda local y la Secretaría de Educación.
Después de insistir en sostener una reunión con el gobernador Duarte, para abordar el tema, el jefe recibió a Yáñez Herrera en su despacho.
El mandatario le hizo saber a Ricardo Yáñez que ese recurso se había autorizado por parte de la SHCP para financiar las campañas electorales en otros estados del país, y que era un recurso que se debía operar para dicho fin, con Manlio F. Beltrones Rivera, recordó el ex Secretario de Educación en su declaración ministerial.
Así, Yáñez designó a Karla Jurado Bafidis, directora de Administración de Educación estatal, recomendada para el cargo por Gerardo Villegas, como contacto de la dependencia con el personal de la Secretaría de Hacienda.
Jurado Bafidis y Villegas Madriles eran personas muy cercanas y confidentes. La ex funcionaria colaboró como testigo de la fiscalía de Chihuahua. Fue sentenciada a tres años de prisión por su participación en los desvíos de SAFIRO; cumplió la condena y fue liberada en junio de 2020.
“Yo sabía que todo eso era orden del ex gobernador Duarte, porque así me lo había comentado en ocasiones Gerardo Villegas: Que el ballezano lo estaba presionando mucho para que sacara dinero, según lo dijo Jurado Bafidis a la Fiscalía chihuahuense.
Incluso recuerdo que en una ocasión, al estar platicando con Villegas Madriles, me comentó que traía un encargo del gobernador Duarte, y que lo tenía muy presionado.”
“Me dijo, por estos asuntos son muchos años de cárcel, ya estoy hasta la madre” y no dio más explicaciones…
Yáñez Herrera se asumió sorprendido por la agilidad con que funcionarios de menor rango de su secretaría y de la de Hacienda, hicieron el trámite para disfrazar las contrataciones, como si estuvieran habituados a ello.
Era el engranaje de la maquinaria de corrupción puesta a funcionar una vez más. “Supe que una vez iniciado el proceso, las personas de Hacienda local lo vieron muy natural y solo le pedían los documentos necesarios a el área administrativa de Educación a su cargo, a través de Karla Jurado Bafidis, quien se encargaba de proporcionarles todo lo que requirieran”, indicó Ricardo Yáñez.
En tan solo 15 días quedó completo el trámite para las contrataciones “fantasma”- Tiempo récord-, ya que un asunto ordinario de ese tipo la tardanza del mismo era hasta de tres meses.
Pero esa rapidez provocó que se cometieran errores y se dejaran huecos. En plena campaña electoral en 13 estados, el PRI tenía prisa por recibir el dinero comprometido por Chihuahua.
Esa inmediatez en el trámite del asunto solo fue posible por las instrucciones expresas y tajantes de César Duarte Jáquez, de que todo se hiciera de inmediato, refirió el ex secretario Yáñez Herrera.
Antonio Tarín García le dijo a Ricardo Yáñez que la salida de los valores tenía que ser por medio de una adjudicación directa, ya que los tiempos no daban para hacer el proceso licitatorio normal y legal, de acuerdo a lo que citó la señora Jurado Bafidis al MP.
Según las declaraciones de los testigos colaboradores de la Fiscalía, el gobierno de Duarte ejecutó el pago a las empresas designadas por “La coneja” Gutiérrez, sin que existieran siquiera los contratos, mismos que se elaboraron a posteriori.
Las empresas fantasma de Gutiérrez Gutiérrez “La coneja”, para realizar la transa corrupta fueron: SISAS, SINNAX, SAMEX, Despacho de Profesionistas Futura y Jet Combustibles – En ésta él y su hijo tenían participación-.
Tras revisar las actas constitutivas, un subalterno de Antonio Tarín, José J. Bustamante, asesor técnico de la dirección de Adquisiciones de Hacienda, les aconsejó que no utilizaran, cuando menos, Jet Combustibles, porque su objeto social era muy específico por tema de aviones, y nada relacionado con los servicios que aparentemente daría la Secretaría de Educación.
Tarín se aferró y mediante una triangulación, Jet Combustibles recibió 4 millones, de los cuales la mayor parte se empleó en la campaña del candidato de Duarte a la gubernatura, Enrique Serrano, quien finalmente perdió la contienda ante J. Corral, y fue así que se derrumbó el tinglado duartista en Chihuahua.
El 6 de abril de 2016, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua transfirió 46 millones de pesos a la razón social Servicios y Asesorías SISAS entre las 11:00 y las 11.20 horas; también 55 mdp a Servicios y Asesorías SAMEX; otros 55 mdp a SINNAX; y 90 millones al despacho Profesionistas Futura.
Los números de las facturas fueron 28185, 28186, 28187, y 28188. Los contratos de prestación de servicios que justificarían esas transferencias fueron diseñados por la Secretaría de Educación Cultura y Deporte de Chihuahua, para pagar, supuestamente por un software y cursos para maestros y padres de familia.
Ese era tipo de bienes y servicios más utilizado en todos los esquemas de desvío de recursos públicos, dada la facilidad para “comprobar” que los mismos fueron, efectivamente, entregados por los proveedores contratados.
