SERGIO ARMANDO López-Castillo
La severa crisis que enfrenta el gobierno estatal a cargo de María E. Campos Galván, en materia penitenciaria y de seguridad pública, entre otros rubros, parece no tener precedentes en Chihuahua, a tan solo un año de haber tomado protesta del cargo.
La gobernadora ausente, enfermiza, trasnochada etc., comienza a acusar falta de disciplina, orden, reacción, capacidad, y sobre todo, responsabilidad en los diversos eventos complicados que se han sucedido en su mandato, como lo han sido, el asesinato de los jesuitas en Cerocahui, y ahora la masacre de custodios, policías y algunos delincuentes, durante la sangrienta fuga del Cereso #3 en Ciudad Juárez, por citar los más sonados.
Y peor aún, algunas de sus decisiones y arrebatos, poco pensadas y sopesadas, las ha encaminado hacia lo superfluo, poco inteligente, lo absurdo y hasta lo biliar y hepático, al dedicar tiempo y esfuerzo en “quemar pólvora en diablitos”, como la instrumentación fallida de los juicios políticos – a través de sus abyectos diputados del Congreso local-, al ex JACO, así como desgastarse en la detención y vinculación a proceso del ex fiscal anticorrupción de aquél quinquenio, Francisco González Arredondo, solo por desquite.
Así, en esta trama de inoperancia, frivolidad y mínima racionalidad política, que ha protagonizado la gobernadora y algunos de su grupo, destaca el trágico papel del Fiscal Roberto Fierro Duarte, así como del secretario de seguridad pública, Gilberto Loya Chávez, quienes han demostrado total incapacidad para los cargos que se les confirieron.
Muchos ahora, a raíz de los acontecimientos de sangre, colusión, corrupción y ausencia de rigor en la seguridad del penal estatal de Juárez, incluso propios publicistas, propagandistas y demás oficiosos de este gobierno, hablan de que es necesaria e inminente la destitución del Fiscal Fierro Duarte, por lo menos.
Otros apuntan a que quizá estos hechos que desnudan la complicidad de los mandos fiscales, policiales y ministeriales con el crimen organizado, en este caso, con el ala de los Mexicles (Cártel de Sinaloa), encabezado por Ernesto Alfredo Piñón Cruz, “El Neto”, podría derivar en que el multicitado y hasta ahora fallido proyecto “Centinela”, eje de la seguridad, y justo planeado en esa frontera, sea modificado o incluso cancelado, para dar paso a acciones más tangibles, reales y concretas que contengan la inseguridad y la violencia en Chihuahua.
Retomando los sucesos del 1 de enero en el Cereso Estatal 3 de Juárez, de acuerdo con un informe de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, “Los Mexicles” de Piñón de la Cruz, “El Neto”, son considerados como aliados y brazo armado del Cártel de Sinaloa en la región. .
Y no es la primera vez que “El Neto” escapa de una cárcel mexicana. Ya lo había hecho en 2009, cuando era trasladado a un juzgado. Fue recapturado y sentenciado en 2015.
Reportes locales señalaron que en la celda de “El Neto” había armas de alto poder, alcohol y drogas. Una fuente de seguridad en la zona explicó que el hombre tenía, además, equipo de combate, vestimenta de camuflaje, balas y herramientas para recargar.
El secretario de la Defensa de México, Luis Cresencio Sandoval, fue concreto la mañana del lunes, al citar que en el interior de la cárcel de la masacre, había al menos 10 “celdas VIP”, con comodidades por encima de una celda “común”, y que además decomisaron varios kilos de drogas, entre ellas marihuana, fentanilo, cocaína y cristal, lo cual presupone que directivos del penal juarense y quizá mandos superiores a ellos, sabían de ello.
También había 1.7 millones de pesos en efectivo (unos 87,000 dólares) y se informó que las autoridades ya presentaron cargos contra cinco personas que habrían ayudado a planear el motín y la fuga, hoy noticia y secuela nacional e internacional.
La pandilla liderada por “El Neto” también estuvo involucrada en otro motín, ocurrido en la misma cárcel hace solo cuatro meses, en agosto de 2022. El saldo mortal entonces fue de 11 fallecidos y 20 heridos. A ese día se le llamó el “jueves negro”, por la violencia desatada.
El Cereso 3 es también la cárcel que visitó el papa Francisco durante su visita a la ciudad fronteriza en 2016.
A su vez, elementos del Ejército Mexicano y de la Agencia Estatal de Investigación intervinieron las inmediaciones del CERESO, así como en su interior. Y lograron con éxito, recuperar el control del reclusorio, algunas horas después de los hechos violentos y sangrientos.
Del mismo modo, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con apoyo de elementos cercanos a la frontera, realizan recorridos por toda la ciudad, para proteger a la ciudadanía e intentar re-capturar a quienes se dieron a la fuga, que es lo que los ciudadanos juarenses, esperan.
