SERGIO ARMANDO López-Castillo
A finales de 2023, a través de un emisario de su confianza, el parralense Otto Valles Baca, el ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez, formuló un ofrecimiento al gobierno federal, para dar información comprometedora sobre la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván, a cambio de obtener ciertos beneficios.
Al no conseguir lo que esperaba de aquella autoridad, habría optado por exigir directamente de la gobernadora Campos, su liberación, so pena de destruirla con la información que tiene sobre ella.
La ansiada libertad, sin embargo, no podía lograrse antes de la elección del pasado 2 de junio 2024, por el efecto adverso que hubiera tenido entre los chihuahuenses, y posiblemente en otros lares del país, empero finalmente, se concretó dos días después de la hoy histórica jornada electoral.
De esta forma, el más reciente gobernador priista de Chihuahua, a quien se le imputan una larga lista de delitos por desvíos financieros que ascienden a más de 3 mil millones de pesos, podrá enfrentar su proceso en la comodidad de su hogar.
Si a eso sumamos que el personaje fue detenido en el año 2020 en Miami, mientras huía de la justicia, podemos suponer, que quien antes se sustrajo a la acción de la justicia, lo podría volver a hacer.
Si eso ocurre, la responsabilidad habrá sido de María Eugenia Campos Galván, y, por supuesto, la jueza que lo envió a su casa, y con ello al restaurante Pam-Pam de Pirrín Méndez en el centro de la capital del estado, donde se exhibió públicamente hace unas horas, y de todos aquellos que coadyuvaron en la liberación del exgobernador.
La red de complicidades en torno a Duarte Jáquez, no podría ser más descarada en Chihuahua. De hecho, la misma jueza que ha permitió que este personaje saliera de prisión, (Hortensia García Rodríguez), es la misa juzgadora que ordenó la detención y vinculación a proceso por una supuesta “tortura psicológica” contra Francisco González Arredondo, del ex fiscal anticorrupción que en tiempos de Javier Corral Jurado, coordinó la Operación Justicia para Chihuahua, en la que dos casos relevantes fueron la Nómina Secreta de Duarte, donde apareció en su momento María Eugenia Campos y otros (as), y la operación Safiro.
Además de la propia María Eugenia Campos, en esos hechos de corrupción, también habría estado involucrado César Jauregui Moreno, el actual fiscal del estado.
Tanto Jaúregui como Campos fueron líderes de la bancada del PAN en tiempos de Duarte Jáquez, en el congreso local. Y el propio Jauregui Venegas, en su declaración ministerial, aceptó haber recibido dinero del gobierno estatal duartista, diciendo que eran “apoyos” para cumplir con sus labores legislativas.
Pese a que podrían solicitar nuevas medidas cautelares ante el evidente riesgo de que un personaje tan influyente como César Horacio, concluya su juicio en libertad o arresto domiciliario, difícilmente el fiscal impugnará la decisión, pues él mismo tiene mucho que perder, al igual que la gobernadora.
Es claro que existe un acuerdo político al más alto nivel y una operación policial y judicial para brindar condiciones favorables a César Duarte, quien tiene capacidad de presionar tanto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Míriam Hernández (Su ahijada), como al Fiscal del estado y en la propia mandataria chihuahuense.
Probablemente a Duarte Jáquez no le bastará con estar ahora fuera de prisión, como aseguran sus más cercanos cómplices y “amigos”. También buscará ejercer venganza en contra de Javier Corral, por haber promovido las investigaciones que finalmente lo llevaron a prisión.
No hay que olvidar que el retiro de la medida cautelar al ex gobernador Duarte, por parte de la jueza García Rodríguez, se dio manera unilateral por parte de la juzgadora y sin que mediara una audiencia solicitada por la defensa.
La jueza de control, Hortensia García, notificó el martes 4 de junio de 2024, que dejó sin efecto esta medida cautelar contra César Duarte, mismo que se encontraba hospitalizado y fuera de prisión en aquel momento.
Esta jueza, casualmente, es la misma que en su oportunidad, se prestó para ordenar la detención del ex fiscal anticorrupción de Chihuahua, Francisco González Arredondo, el mismo que imputó, por peculado, a César Duarte, en el caso improbable de un presunto caso de tortura, mismo que posteriormente fue atraído y desechado por un juez federal.
En el oficio firmado por la juzgadora no se contempla si el plazo de dos años previsto para la prisión preventiva es consecuencia de dilaciones del Ministerio Público o de los actos de la defensa, pero sí se menciona que las autoridades penitenciarias de Chihuahua, fueron las que solicitaron a la jueza el cambio de medida cautelar.
A pesar de que la impartidora de justicia fue notificada de la resolución desde el 16 de mayo, fue hasta el 4 de junio que dictó el cese de la medida cautelar de la prisión preventiva, por lo que técnicamente Duarte Jáquez ya goza de libertad condicional, aunque se mantenía hospitalizado.
“Ahora bien, mediante oficio … firmado por el licenciado Oscar Jan Erneston, encargado de la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Cautelares del Sistema Penitenciario, recibido el pasado 16 de mayo, informó a ésta juzgadora, que la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al señor César Horacio Duarte Jáquez, vencerá el 4 de junio de 2024”, había anotado García, en su decisión.
Unos cuantos días después de esa determinación legal, Hortensia García recibió permiso con goce de sueldo de un mes, para ausentarse de sus funciones de jueza, mismo que fue autorizado por la Presidenta del Tribunal de Justicia (TSJ), por aquello “de las críticas y presiones” que sabía, iba a recibir, por la decisión tomada, en el caso Duarte.
Como sabemos, César Duarte fue detenido en Miami en julio de 2020, imputado por presunto desvío de fondos por 96 millones 686 mil 253 pesos hacia empresas de su propiedad en un periodo entre 2011 y 2014.
Estuvo dos años en prisión en Miami antes de ser extraditado a México en junio de 2022, desde entonces, se encontraba bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
El ex gobernador, Javier Corral Jurado, como era de esperarse, reaccionó en su sitio de cuanta de X (Twiter), ante la determinación de la jueza García, y acusó a la gobernadora María Eugenia Campos, a la fiscalía estatal y a jueces locales, de “pagarle una deuda” a César Duarte, tal cual.
“Exactamente!! Se esperaron a que pasaran las elecciones para obsequiarle el favor al ex gobernador Duarte y liberarlo; uno de los actos más descarados y cínicos de los tiempos recientes, mediante una componenda entre jueces locales y la Fiscalía General del Estado, de lo que el pueblo de Chihuahua, ha sido testigo fiel.
