Colaboración de Juan de Dios Olivas
Las especulaciones aumentan en torno al crematorio que acumuló 383 cadáveres desde hace años en sus instalaciones y la información oficial es poca. Sin embargo, la certeza de que hay una omisión monumental que raya en la corrupción por parte de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios sigue robusteciéndose. La dependencia apesta a muerto y corrupción de años.
Los apellidos de una acaudalada familia que tiene integrantes en la política son comentados con insistencia, aun sin que la Fiscalía confirme de quién es el negocio que operó impunemente fraudes durante años, amparada por la negligencia de Coespris y su titular.
Luis Carlos Tarín es actualmente el encargado de esa dependencia que tiene bajo su responsabilidad la inspección de estos giros y particularmente el crematorio que daba servicio a funerarias que carecían de crematorio.
El mismo funcionario señaló el viernes en conferencia conjunta con el fiscal Carlos Salas —otro inútil negligente— que ese negocio ya había sido sancionado durante la pandemia cuando incurrió en prácticas irregulares, pero todo indica que, una vez que le impusieron sanciones, siguió operando y violentando con más ganas las normas sanitarias, como si le hubiera untado la mano al personal de Coespris. ¡Vaya reconocimiento de sus fallas!
Se pisoteó la dignidad de los difuntos y se burlaron de las familias que defraudaron con ese servicio y es probable que hasta los ataúdes se robaran, lo que hace necesaria y urgente una sanción severa que alcance a quienes fueron omisos, incluyendo a Tarín.
En otros tiempos por dignidad el mismo funcionario hubiera renunciado antes de que lo corrieran. Esperemos que no estén como el Municipio de Juárez donde la corrupción es pecata minuta, está institucionalizada.
