Eduardo Arredondo
En Chihuahua, nueve millones de pesos pueden desaparecer legalmente. Basta con una firma. O mejor dicho, con tres firmas distintas… de la misma persona.
Ese es el caso que hoy debería preocuparnos como ciudadanos: el Gobierno del Estado entregó 9 millones de pesos a una empresa llamada Importadora y Exportadora Obegar, S.A. de C.V. (OBEGAR), sin licitación pública, mediante contratos firmados por supuestos representantes legales cuyas rúbricas no coinciden entre sí. ¿Error administrativo, descuido o simple falsificación?
OBEGAR no es una desconocida. Ha aparecido en múltiples estados del país, beneficiada por adjudicaciones directas millonarias para servicios tan etéreos como “mensajes SMS” o “difusión institucional”, siempre con poca claridad y domicilios fiscales que, en muchos casos, son fachadas. Está, además, en la lista negra del SAT. Y tiene una sombra política: sus contratos parecen florecer donde el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tiene influencia.
¿Y qué pasa en Chihuahua? Lo mismo de siempre: opacidad. La adjudicación directa se ha convertido en la forma normal de gastar el dinero público. En 2022, el 57 % de las compras del gobierno estatal se hicieron sin concurso. A nivel municipal, la cifra es igual de preocupante. Bajo este modelo, ya ni siquiera es necesario simular competencia: basta con tener una empresa a modo.
La gravedad de este caso no radica solo en el monto o en la empresa. Lo alarmante es el patrón: documentos sin folio, firmas distintas en contratos con la misma persona, poderes notariales que nadie verifica y una ciudadanía que, si no pregunta, tampoco se entera.
Podemos decir que esto huele mal, pero sería ingenuo pensar que es nuevo. Chihuahua tiene un historial conocido de corrupción estructural: desde nóminas secretas hasta empresas fantasma y redes de desvío de recursos. Lo que cambia, quizá, es la tecnología de la trampa… ahora con facturas digitales y contratos electrónicos sin control.
¿Qué se puede hacer? Mucho, si hay voluntad. Comparar firmas ante peritos caligráficos, solicitar poderes notariales vía transparencia, exigir auditorías reales. Pero también hay que hacer ruido: porque sin presión social, las instituciones no actúan. Porque si dejamos que la firma cambiante de un supuesto representante legal sea suficiente para entregar millones, ¿cuánto vale entonces una firma en México? ¿Cuánto vale la ley?
Este no es un escándalo más. Es un espejo. Y en él, el reflejo no es solo de Obegar, ni del PVEM, ni del gobierno estatal. Es el reflejo de cómo nos hemos acostumbrado a que el dinero público se reparta entre firmas falsas y empresas invisibles. Y de cómo, si no hacemos algo, seguiremos existiendo solo como contribuyentes… pero nunca como ciudadanos.
La justificación fue la contratación de servicios de publicidad digital, banners y difusión de campañas gubernamentales.
Sin embargo, una revisión a los documentos revela una anomalía grave: en los tres contratos, la firma atribuida al representante legal es distinta, lo que apunta a una presunta falsificación de documentos oficiales.
Además, esta misma empresa ya había sido vinculada en 2023 a contratos sospechosos con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo que refuerza las dudas sobre su autenticidad operativa y su uso como empresa fachada para desviar recursos públicos.
Contratos directos y millonarios
Los contratos se firmaron entre 2023 y 2024 a través de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, encabezada por José de Jesús Granillo Vázquez.
SH/ADE/005/2024 $5,368,000.00 Directa por excepción Flor Guadalupe Magallanes Villa, Subsecretaria de Administración de Hacienda
SH/ADE/051/2023 $1,392,000.00 Directa por excepción Flor Guadalupe Magallanes Villa, Subsecretaria de Administración de Hacienda, y Sorachi Annie Carreño Chávez, Directora Administrativa de la Coordinación de Comunicación
SH/ADE/160/2023 $2,512,000.00 Directa por excepción Flor Guadalupe Magallanes Villa, Subsecretaria de Administración de Hacienda
Los contratos fueron gestionados con la intervención de la Coordinación de Comunicación Social, que en ese momento estaba a cargo por José René Sotelo Anaya.2.
¿Qué contrató el gobierno?
Según los propios contratos, OBEGAR fue contratada para:Publicitar banners digitales en páginas de alto alcance.
Difundir campañas institucionales del Gobierno del Estado.
Promocionar obras, servicios y actividades turísticas de Chihuahua a nivel nacional.
Participar en la estrategia de comunicación institucional del Ejecutivo.
Todo ello bajo la responsabilidad de la Coordinación de Comunicación Social, con fundamento en el artículo 5 de su reglamento interior, que establece como objetivo diseñar, difundir y supervisar las campañas del gobierno estatal.
El problema: firmas distintas, mismo representante
Los tres contratos están firmados, en apariencia, por el representante legal de OBEGAR, Benjamín Obeso Fernández.
Sin embargo:Las firmas en los tres documentos son completamente distintas entre sí.
No hay consistencia gráfica ni trazo que sugiera evolución natural de una misma firma.
Todo apunta a una presunta falsificación de firma, lo cual es un delito grave en documentos oficiales, especialmente en contratación pública.
Esto plantea dos escenarios igualmente delicados:
Que alguien haya suplantado la firma de Obeso Fernández en los tres contratos.
O que se hayan firmado con conocimiento de causa, pero intentando ocultar la identidad real de quien firma.
El antecedente nacional: contratos con el PVEMLa misma empresa, Importadora y Exportadora OBEGAR S.A. de C.V., fue exhibida en una investigación de El Sol de México (13 de octubre de 2023) por haber recibido 15 contratos de adjudicación directa por un total de $17.8 millones de pesos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante el proceso electoral 2020–2021.
En esa ocasión, OBEGAR fue contratada para vender playeras promocionales, a pesar de que su actividad principal era la comercialización de hidrocarburos.
Además, registró domicilios distintos en CDMX y Tamaulipas, lo que levantó sospechas sobre su operación real.
¿Empresa fachada en Chihuahua?
La contratación de OBEGAR en Chihuahua sigue el mismo patrón:
Adjudicación directa.
Objeto de contrato ajeno al giro comercial.
Firma presuntamente falsificada.
Sin evidencia pública de experiencia en medios digitales.
Todo apunta a un posible caso de empresa fachada utilizada para justificar la salida de recursos públicos, disfrazados como “publicidad digital”.
Con más de 9 millones de pesos entregados sin licitación, firmas evidentemente falsas, y antecedentes documentados a nivel nacional, la historia de OBEGAR en Chihuahua merece una investigación profunda por parte de autoridades estatales y órganos fiscalizadores.
El caso no solo pone en duda la integridad del proceso de contratación, sino que también abre la puerta a un esquema de desvío de recursos públicos mediante simulación de servicios de comunicación social.
