*Controversial…*
*El ocaso de una Corte*
Aberraciones jurídicas y el fin de la pandilla de Piña.
Ocho ministros al basurero de la historia.
Por: Raúl Sabido
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el liderazgo de Norma Lucía Piña Hernández, ha transitado por uno de los periodos más controvertidos de su historia reciente. Lo que alguna vez fue considerado el bastión de la justicia constitucional terminó convertido, para muchos, en una trinchera de privilegios, simulación y resistencia al cambio democrático. Hoy, con sus decisiones más polémicas y ocho de los once ministros salientes, se encaminan al basurero de la historia, culminando también tres décadas de legalización del saqueo y mercantilización descarada de la impartición de justicia.
*Aberraciones jurídicas que marcaron su descrédito*
El actuar anticonstitucional
*Suspensiones contradictorias*
Algunos jueces de distrito, respaldados por la narrativa institucional promovida desde la presidencia de la Corte, otorgaron amparos para frenar la Reforma Judicial, a pesar de que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece que no procede contra reformas constitucionales. Esto constituye una violación flagrante tanto a la Constitución como a la propia ley que regula el juicio de amparo.
*Choque institucional y Constitucional*
La Sala Superior del Tribunal Electoral ignoró las suspensiones dictadas por jueces de amparo, generando un vacío legal que paralizó al Comité de Evaluación del Poder Judicial. El TEPJF argumentó que dichas medidas fueron emitidas por autoridades incompetentes y, por tanto, carecían de validez jurídica. Esta confrontación expuso la descoordinación y el deterioro institucional entre órganos del Poder Judicial.
*Tergiversación de competencias*
La descarada toma de posiciones políticas.
La Corte permitió que se desnaturalizara el juicio de amparo, convirtiéndolo en un instrumento político más que jurídico. Lo que debía ser una herramienta para proteger derechos humanos frente a actos arbitrarios se convirtió en un mecanismo para frenar reformas constitucionales, interferir en procesos legislativos y blindar intereses corporativos.
*Complicidad con poderes fácticos*
Al unísono de la defensa de complicidades
La Corte fue señalada por proteger intereses económicos y sabotear proyectos estratégicos del estado mexicano. Invalidó decretos presidenciales que buscaban blindar obras como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Estas resoluciones fueron interpretadas por amplios sectores como una forma de frenar la transformación democrática impulsada por el Ejecutivo, buscaban el quebranto de la credibilidad al ejecutivo y señalar con puntualidad y contundencia quien era la que mandaba en el país.
*Privilegios por encima del pueblo*
Las mentiras y los engaños de Hermelinda.
Tras el paso del huracán Otis, Norma Piña aceptó públicamente la propuesta presidencial de destinar los recursos de los fideicomisos judiciales, más de 15 mil millones de pesos, a los damnificados de Acapulco. Sin embargo, esa promesa nunca se tradujo en acciones concretas, engañó con su faso e hipócrita discurso. Mientras jueces federales otorgaban suspensiones para impedir la extinción de los fideicomisos, Piña no desautorizó ni impugnó esas medidas, a pesar de tener facultades institucionales como presidenta del Consejo de la Judicatura Federal.
*Operación política encubierta*
El acuerdo del diseño de las estrategias judiciales vs la reforma.
Se documentaron reuniones entre ministros y líderes del PRIAN en casa del ministro Alcántara Carrancá, en plena coyuntura electoral. El artículo 17 constitucional exige independencia judicial, y reunirse con actores partidistas en ese contexto puede configurar una falta grave. Estas reuniones ocurrieron tras la renuncia del presidente del Tribunal Electoral y antes de decisiones clave sobre la Reforma Judicial, lo que sugiere una coordinación política encubierta prohibida por la LGIPE.
¿*Cómo actuaron frente a la Reforma Judicial*?
El rompimiento descarado de la obediencia a la Constitución
La Corte, bajo la presidencia de Norma Piña, obstruyó sistemáticamente el avance de la Reforma Judicial. Varios ministros actuaron más como operadores políticos que como jueces constitucionales, defendiendo intereses de grupo y protegiendo a figuras como Salinas Pliego y sus empresas, en lugar de garantizar la legalidad democrática.
Cuando la presión social se intensificó, Piña presentó una contrarreforma de 66 puntos, que fue vista como una maniobra desesperada y extemporánea, diseñada más para preservar privilegios que para transformar el sistema judicial.
¿*Qué leyes tergiversaron*?
La Ley de Amparo. – Se violó abiertamente el artículo 61, que prohíbe admitir juicios de amparo contra reformas constitucionales. A pesar de conocer perfectamente esta restricción, jueces federales admitieron demandas que buscaban frenar la Reforma Judicial, con el objetivo de forzar al Ejecutivo y al Legislativo a transitar por rutas de apelación e inconformidad que permitieran al Poder Judicial reconcentrar el control institucional. Esta maniobra no solo tergiversó el propósito del juicio de amparo, sino que detonó una violación constitucional de origen, al permitir que jueces se atribuyeran facultades que no les corresponden frente a actos del Constituyente Permanente.
La Constitución Política. – Se ignoró el principio de supremacía constitucional al permitir que jueces se atribuyeran facultades para frenar procesos democráticos.
*Fideicomisos judiciales*
Simulación institucional y privilegios blindados.
La Reforma Judicial ordenó la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial y la transferencia de más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación. Aunque Norma Piña prometió públicamente destinar esos recursos a los damnificados por el huracán Otis, la Corte nunca desautorizó las suspensiones judiciales que protegían los fondos, incumpliendo el mandato constitucional.
Durante años, estos fideicomisos fueron manejados con opacidad y discrecionalidad, financiando privilegios, pensiones complementarias y proyectos sin rendición de cuentas. Hasta ahora, solo se han transferido 10,165 millones de pesos, entregados por NAFINSA, lo que provocó una fuerte reacción interna.
Más de 850 jueces y magistrados promovieron amparos para impedir la extinción. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) denunció a NAFINSA por desacato judicial, al haber entregado los recursos pese a las suspensiones vigentes. El gobierno federal anunció que los fondos serán destinados al ISSSTE, para fortalecer servicios médicos y prestaciones sociales.
¿*Qué representa la llegada de los nuevos ministros*?
Una nueva esperanza.
La nueva Corte, integrada por ministros electos por voto popular, representa una ruptura con el modelo elitista que dominó durante tres décadas. El legado de Norma Piña será recordado no por su defensa de la Constitución, sino por su resistencia a la transformación democrática del Poder Judicial y por haber convertido la justicia constitucional en un instrumento de protección corporativa.
Tuvieron la oportunidad de reformarse desde dentro, pero se negaron. Hoy, la Reforma Constitucional al Poder Judicial los manda al basurero de la historia.
El pueblo los juzgó con su voto en la elección de 2024, y ahora se ejecuta la sentencia popular. Se van por la puerta de servicio, con los bolsillos llenos y su vejez garantizada como ningún otro mexicano.
Lo que sigue es construir una justicia verdaderamente popular, sin máscaras ni simulaciones.
