Controversial…
La Nación Saqueada
¿El Huachicol Fiscal nació en 2019?
Por: Raúl Sabido
Durante décadas, México ha sido víctima de un saqueo meticuloso, disfrazado de legalidad y ejecutado con guante blanco desde los salones del poder. El llamado Huachicol Fiscal no es solo un esquema de contrabando de combustible: es el síntoma de una enfermedad crónica, de una maquinaria de la industria petrolera paralela que se gestó en Los Pinos, en los pasillos del poder político y económico, alimentada por la impunidad, la corrupción y la complicidad institucional.
Este robo no comenzó en 2019:
Su origen se remonta a los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, cuando se comenzó a desmantelar el Estado para entregarlo en bandeja de plata a intereses privados. Desde entonces, cada sexenio perfeccionó el arte del saqueo donde los tecnócratas huachicoleros (todos egresados de prestigiadas universidades norteamericanas) aprendieron a disfrazar el robo como reforma, a maquillar el despojo como modernización.
La Reforma Energética de Enrique Peña Nieto fue el golpe maestro. No solo abrió las puertas a la inversión privada, sino que legalizó el saqueo. Se modificaron leyes, se alinearon jueces, y se tejió una red que convirtió las aduanas en coladeras fiscales por donde se drenaba el patrimonio nacional.
Cuando en 2019 el presidente López Obrador lo detectó e intentó colocar un director en Aduanas con duro perfil, duró apenas unos meses. Las presiones fueron tan brutales que pusieron en riesgo su vida y la de su familia. Entonces recurrió a la Marina, no como fuerza operativa, sino como escudo institucional para comenzar a levantar investigaciones y expedientes, rastrear rutas y desentrañar el entramado mafioso del huachicol fiscal, buscando cercarles el negocio saqueador, pero, lo que encontró López Obrador, fue una industria paralela, protegida por jueces y ministros, alimentada por empresarios, y sostenida por funcionarios públicos que operaban como cárteles de cuello blanco dentro de PEMEX y el gobierno federal.
Y entonces cayó el telón
Un buque tanque con 10 millones de litros de diésel fue asegurado en Altamira. Luego, 139 carrotanques con otros 15 millones en Saltillo. Las empresas comenzaron a aparecer, los nombres a resonar, y las detenciones a sucederse. Harfuch, con precisión quirúrgica, jaló los hilos de los expedientes abiertos. Lo que parecían unas operaciones aisladas se convirtió en una red nacional que involucraba mandos marinos y agentes aduanales, empresarios, jueces y funcionarios de aduanas en primera instancia, además las empresas, los hilos comunicantes y los permisos involucrados relacionan a ex gobernadores Panistas.
Pero como todo sistema que se sabe acorralado, los tecnócratas huachicoleros activaron su plan de contingencia y han comenzado borrar huellas, comprar silencios, manipular narrativas y lanzar una campaña mediática feroz para culpar al mismo gobierno que los ha estado enfrentando.
La estrategia es tan vieja como cínica: contaminar la percepción ciudadana, debilitar las investigaciones y proteger el legado de impunidad.
¿2019 como génesis?
¿El Huachicol Fiscal nació en 2019?
Solo quien pretende encubrir décadas de saqueo institucionalizado se atrevería a sostener semejante mentira. Lo que nació entonces fue la voluntad política de enfrentarlo.
Desde los años noventa, cuando Salinas comenzó a privatizar el estado, se incubó una red paralela de comercio energético. Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto no solo la toleraron: la perfeccionaron.
Solo el ejemplo inicial del saqueo a la nación: PMI (PMI Holdings B.V).
En marzo de 1988, sexenio de Carlos Salinas, Pemex constituyó PMI Holdings B.V. en Ámsterdam, Holanda, como una empresa instrumental privada, esta compañía fue diseñada para manejar operaciones financieras y comerciales fuera del alcance del escrutinio público mexicano. Aunque Pemex tenía el 100% de participación en el capital social de esta empresa, PMI no fue considerada una entidad paraestatal, lo que la colocó fuera del control directo de los órganos de fiscalización mexicanos.
¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué Ámsterdam?
Ámsterdam ha sido el elegante escaparate donde se han lavado las manos del saqueo energético. Desde allí, se gestionaron operaciones internacionales de compra y venta de crudo, muchas veces con estructuras financieras que eran innecesarias en su operación legal, pero en extremo complejas que fueron señaladas por su falta de transparencia.
El punto de inflexión del Huachicol.
El punto de inflexión llegó con la Reforma Energética de 2013, impulsada por Peña Nieto y respaldada por figuras como el entonces diputado Ricardo Anaya. Esa reforma no solo permitió la entrada de privados al mercado de combustibles, sino que les otorgó permisos para importar gasolina y diésel, muchos de los cuales serían utilizados para introducir combustible ilegal bajo esquemas de contrabando fiscal (Huachicol).
Hoy, cuando las investigaciones lideradas por Harfuch comienzan a desenredar el nudo, los primeros detenidos incluyen mandos de la Marina. Y de inmediato, los voceros de la derecha salen a señalar a López Obrador, como si el problema hubiera nacido en su sexenio. Es una táctica burda: desviar la atención, contaminar la percepción ciudadana y proteger los intereses de quienes se beneficiaron del saqueo.
Un ejemplo grotesco de este cinismo lo encarna el senador Ricardo Anaya, quien exige investigar a fondo la gestión de AMLO por los decomisos de combustible ilegal. Lo que omite es que él fue uno de los principales promotores de la reforma que abrió las puertas a los permisos que hoy están en el centro del escándalo. Permisos que López Obrador intentó revocar, pero que el Poder Judicial Federal restituyó mediante amparos. Y son esos mismos permisos los que permitieron la entrada del buque tanque en Altamira y los carrotanques en Saltillo.
Más aún, se le olvida al senador que, por su papel como coordinador de los diputados en ese periodo, fue señalado como receptor de 6.5 millones de pesos para la aprobación de la reforma. Un dato que no aparece en sus discursos, pero que forma parte del expediente ético que la ciudadanía tiene derecho a conocer.
Así que no, el Huachicol Fiscal no se gestó en 2019. Lo que se gestó fue la resistencia. La decisión de enfrentar una industria paralela que había sido legalizada por decreto, protegida por jueces y alimentada por intereses privados. Hoy, cuando los hilos comienzan a desenredarse, la historia exige memoria, justicia y claridad.
El Poder Judicial: de cómplice a garante
En este nuevo escenario, el Poder Judicial de la Federación (PJF) y la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comienzan a marcar una diferencia sustancial. A diferencia de la etapa anterior bajo la presidencia de Norma Piña, donde los esfuerzos del gobierno federal por combatir la impunidad fueron sistemáticamente bloqueados, hoy se observa una voluntad institucional de aplicar el derecho al amparo conforme a la Constitución, obligando a los jueces a actuar en defensa del interés supremo de la nación.
Esta transformación no solo representa un cambio de rumbo, es el primer golpe serio contra el blindaje judicial que durante años protegió a los saqueadores.
Tras años de complicidad judicial, México comienza a desmantelar el blindaje que protegía a los saqueadores. Hoy, las autoridades tienen por fin el margen para hacer justicia real a los mexicanos
