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sábado, marzo 14, 2026
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La Reforma a la ley de amparo

Controversial…

La Reforma a la ley de amparo
Entre la garantía constitucional y el blindaje corporativo

Por: Raúl Sabido

La reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada por el Senado mexicano, ha encendido un debate que va más allá del terreno jurídico: toca las fibras existentes con el desequilibrio entre el poder del Estado, los derechos individuales y los intereses económicos que históricamente han manipulado el sistema judicial.

¿Es esta reforma una amenaza a las garantías constitucionales? o ¿ es una corrección necesaria para evitar el uso estratégico del amparo como escudo de impunidad?

¿Que cambia?

La reforma introduce modificaciones sustanciales como:

* Digitalización del juicio de amparo, permitiendo expedientes electrónicos y audiencias virtuales.
* Restricción a la suspensión del acto reclamado cuando se afecte el interés social, especialmente en casos de terrorismo, lavado de dinero, corrupción o deuda pública.
* Aplicación retroactiva de las nuevas reglas a juicios en curso, lo que ha sido señalado que afectaría casos que han sido arropados por el amparo en su aplicación con la ley anterior como los casos de Salinas Pliego.
* Redefinición del interés legítimo, que busca evitar simulaciones jurídicas sin eliminar la participación colectiva.

¿Por qué es necesaria?

El juicio de amparo, diseñado para proteger al ciudadano frente a actos arbitrarios del poder, ha sido desvirtuado por corporativos jurídicos que lo han convertido en una herramienta para evadir la justicia, congelar procesos penales y evitar el pago de obligaciones fiscales, incluso han sido otorgado amparos con el claro objetivo de no pagar adeudos contraídos como los que hoy se ventilan por autoridades de E.E.U.U, reclamándole a Mexico la incorrecta y violatoria del acuerdo comercial la
protección jurídica sobre deudas de un magnate de la comunicación que se niega a pagar protegido por un amparo.

Caso García Luna:
Amparos para descongelar cuentas.

En procesos vinculados al exsecretario de Seguridad Pública, despachos jurídicos interpusieron amparos para descongelar cuentas bancarias de familiares, a pesar de existir sentencias firmes y vínculos probados con operaciones ilícitas. El amparo fue usado como escudo financiero para proteger activos de origen criminal.

Ricardo Salinas Pliego:
16 años de litigios fiscales sostenidos por amparos.

El empresario acumula más de 32 juicios y 74 mil millones de pesos en litigios fiscales. Amparos interpuestos por sus abogados han postergado resoluciones por más de una década, incluso ante fallos desfavorables. En Estados Unidos, sus empresas enfrentan litigios por deudas que en México siguen protegidas por suspensiones judiciales.

¿A quién no afecta?

Contrario a lo que algunos discursos sugieren, la reforma no limita el acceso al amparo para ONGs, comunidades indígenas o defensores ambientales. Tampoco elimina el juicio de amparo colectivo ni impide que ciudadanos comunes se defiendan ante actos arbitrarios. Lo que busca es cerrar las puertas al uso abusivo del amparo como herramienta de impunidad corporativa y criminal.

¿Qué inquietudes persisten?

Los opositores señalan tres riesgos y se les olvidan casos emblemáticos de amparos que caen en los supuestos que ellos señalan como inconformidad:

* La retroactividad, que podría vulnerar el principio de legalidad y seguridad jurídica.
* La discrecionalidad en la suspensión, que podría dejar indefensos a ciudadanos frente a actos de autoridad.
* La redefinición del interés legítimo, que requiere claridad para no excluir causas sociales genuinas.

Estas preocupaciones pudieran ser válidas pero no atienden a razones de justicia que es lo que menos les importan, responden a los intereses de los afectados como por ejemplo Salinas Pliego, más sin embargo deberán atenderse en la Cámara de Diputados.

Las mentiras de los opositores:

La reforma a la Ley de Amparo no desmantela el juicio de amparo: lo depura de prácticas abusivas, mañosas, corruptas que han beneficiado a élites económicas y redes criminales. La reforma a la ley de amparo puede convertirse en un instrumento de justicia más ágil y equitativo pero, el verdadero reto no está en la letra de la ley, sino en su aplicación por jueces que deberán de ser capaces de distinguir entre el interés público y el blindaje corporativo.

Recordemos que durante 40 años se procuraron leyes que protegían los intereses no comprometidos con el bien nacional y que se cubrieron legalmente para ser impunes y hoy, ante la insignificancia opositora, utilizan a sus corifeos mediáticos para intentar evitar que la transformación llegue a las leyes.

La oposición mexicana solo representa a sus intereses de grupo y nada le importa el resto de los mexicanos y, esos intereses están enfrentados con el pueblo de Mexico.

La realidad que no dicen los opositores:

Solo quienes han utilizado el juicio de amparo como herramienta para blindarse frente a la justicia son hoy los más férreos opositores a la reforma. El resto de los mexicanos observamos con atención el desarrollo de esta nueva Ley de Amparo, conscientes de que su aprobación podría marcar un antes y un después en la lucha contra la impunidad.

Atención:

El único punto que los opositores buscan negociar es la cláusula de retroactividad. ¿Se ha preguntado usted a quién beneficia que los nuevos criterios no se apliquen a los juicios en curso? La respuesta no está en los ciudadanos de a pie, sino en quienes enfrentan litigios millonarios, procesos penales o resoluciones fiscales que han sido suspendidas por años gracias a amparos estratégicos.

Con esta reforma, los grandes corporativos jurídicos se verán obligados a litigar en serio. Ya no podrán ofrecer el amparo como un producto comercial muy costoso para evadir responsabilidades. También se verán afectados quienes han interpuesto amparos para evitar el pago de impuestos, cumplir sentencias o devolver recursos públicos.

La retroactividad propuesta en la reforma a la ley de amparo no podrá ser incluida en el proyecto final que aprobarían los Diputados, definitivamente deberá ser excluida con claridad por ser inconstitucional.

La justicia dejará de ser negociable.