SERGIO ARMANDO López-Castillo
Resulta inaudito que los actuales diputados y diputadas del Congreso del Estado, sigan dormidos, omisos, insensibles e irresponsables, en el sensible tema de la Violencia Vicaria, en Chihuahua.
Como en otros rubros de la vida social y pública, este estado, se encuentra rezagado, dormido, siendo de los muy pocos o acaso el único de los estados del país, que no ha aprobado una ley Urgente, en esta materia; ¡Lo cual es una verguenza!
Ni a los legisladores (as) ni a la gobernadora María E. Campos, ni a sus funcionarios, parece interesar que la Violencia Vicaria sea en esta entidad, una forma terrible de maltrato, mediante la cual, los hijos de muchas familias son lastimados y alejados de sus madres, para atacarlas, dañarlas, según sea el caso.
Este fenómeno en Chihuahua, al menos, sigue sin ser tipificado como delito, dejando a niñas, niños y a mujeres, y, a veces, a algunos hombres, en total desamparo legal; en un estado inadmisible de indefensión.
Y mientras el resto del país avanza en la protección de las víctimas más vulnerables de la Violencia Vicaria, Chihuahua se ha quedan atrás, convertido en quizá, el último reducto de impunidad para los agresores, que usan a los hijos como armas de tortura, contra sus cónyuges o parejas.
Es increíble que en la entidad que nos ocupa, haya cinco iniciativas de ley con relación a esto, y ninguna avanza con seriedad y responsabilidad legislativa y social, para su aprobación.
Entre los años 2022-2024, el Congreso local recibió cinco iniciativas para legislar sobre Violencia Vicaria, y siguen “dormidas”, un crimen que destruye vidas y familias mediante disputas legales en los juzgados, pero sin que se basen en un marco jurídico claro, específico y justo, porque sencillamente, no existe.
La primer propuesta que se impulsó, generó cierta esperanza al convocar mesas de trabajo con jueces, juezas, activistas, legisladores, representantes de la Fiscalía, así como acompañantes de víctimas.
Sin embargo, en un acto de opacidad e indiferencia, esos diálogos fueron abruptamente suspendidos de la noche a la mañana, sin acuerdos ni explicaciones convincentes.
Ese cierre a la transparencia y a la legalidad legislativa, no solo refleja negligencia, sino también una alarmante falta de voluntad política para proteger a las víctimas de ese atroz delito impune y brutal.
¿Qué intereses se anteponen sobre el derecho de niñas, niños y mujeres y hombres, que les permita vivir libres de este tipo de violencia? ¿Por qué se silenció el debate cuando más urgía? La violencia vicaria no puede seguir siendo un tema archivado en medio de laberintos y maniobras legislativas.
En agosto de 2024, como algunos recordamos, la Legislatura actual, demostró, una vez más, su incapacidad para priorizar los derechos de vida integral y sin violencia muchas madres y padres de familia chihuahuenses, atrapados en esta vorágine de insensibilidad e indolencia.
El intento por incluir el concepto de violencia vicaria en la Ley General de Acceso de las Mujeres, a una Vida Libre de Violencia -un mero reconocimiento inicial, ni siquiera una ley completa- falló por un solo voto. Algo para Ripley.
Lo más indignante: los votos estaban ahí, la iniciativa habría pasado. Incluso contó con el respaldo de la legisladora Georgina Bujanda, la única panista que rompió filas con su bancada.
La Violencia Vicaria, por las formas en que se desarrolla, y sus diversas complicidades del poder, es una modalidad de violencia de género, también.
En el momento en que los hijos son separados del hogar materno o manipulados para despreciar o desconfiar de la madre o del padre, es Violencia Vicaria; el objetivo es la retención y manipulación de los infantes para causar dolor a las maternidades por el hecho de ya no desear vivir en pareja o que estas se nieguen al sometimiento.
También los familiares cercanos a la madre o al padre, pueden ejercerla como hermanos, padrastros, suegros y otros.
La corrupción y manipulación en los tribunales: el agresor con recursos económicos y relaciones con juzgadores y funcionarios gubernamentales, consigue el otorgamiento de custodias, visitas o fallos que no protegen adecuadamente a la madre e hijos.
Amiguismo – nepotismo: esto facilita las redes de influencia y conexiones personales, el agresor hace uso de ello para poder manipular el resultado de un caso e influir en decisiones judiciales recurriendo a favores personales.
Tribunales: parcialidad extrema, sin considerar el historial de violencia, que es la revictimización de la mujer y sufrimiento de los hijos; no se toman con seriedad los testimonios de las mujeres sobre la utilización de sus hijos, lo que se debe a prejuicios de género que dan origen a decisiones judiciales que no protegen adecuadamente a las infancias.
Estas instituciones, en lugar de proteger a las víctimas, pueden exacerbar la situación cuando no toman en cuenta la complejidad de la violencia vicaria lo que le permite continuar ejerciendo control y causando daño.
Por otra parte, están las faltas de medidas de protección en casos donde se reconocen los riesgos; los tribunales no implementan medidas de protección adecuadas, como órdenes de restricción, supervisión de visitas dejando a las víctimas en un entorno vulnerable.
Todo esto, no es solo una tragedia familiar, es un fracaso institucional: Por ejemplo, lamentablemente, no hace mucho, un padre, al perder la custodia, eligió el camino más cobarde, asesinar a sus hijas antes de permitir que vivieran con su madre.
Pero ese crimen ocurrió en un sistema que, una y otra vez, falla en proteger a las víctimas a pesar de reconocer los riesgos.
Los agresores alcanzan la manipulación del sistema legal ya que tienen a menudo mejores recursos legales que les permiten contratar abogados experimentados y explotar vicios legales, usar tácticas dilatorias o presentar pruebas para sesgar los juicios.
El Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria asegura que existen, tan solo de mayo del 2025 a la fecha, más 4 mil 861 víctimas de violencia vicaria que forman parte del Frente Nacional, esto equivale a 10 mil 208 infantes víctimas. Sólo 105 mamás han recuperado a sus hijas e hijos.
Los 10 estados con más casos de violencia vicaria son Nuevo León, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí y Morelos.
Según el INEGI, en México existen 67.9 millones de mujeres, de las cuales 38.5 millones son madres, 27 millones de estas mamás son víctimas de violencia, 10.8 millones de mamás son violentadas por el padre de sus hijos, pareja o expareja y el 59 por ciento su agresor es el mismo.
La violencia vicaria no es solo violencia familiar, no es cualquier conflicto.
En síntesis, Chihuahua clama justicia y equidad en este asunto urgente. Las y los chihuahuenses merecemos leyes que nos protejan con perspectiva de género real, libres de prejuicios y dogmas que perpetúan ese tipo de la violencia.
Es menester legislar Ya¡, una Ley Vicaria que garantice la seguridad de madres y padres de familia y de sus hijos (as), su autonomía y su derecho a vivir sin miedo, la deuda histórica con las mujeres en este sentido, no puede seguir creciendo, ni las propuestas e iniciativas de ley al respecto, dormidas en este naciente año 2026.
Diputados y diputadas del Congreso de Chihuahua, ¡Legislen con valentía y responsabilidad! Que la Ley Vicaria, sobre todo con perspectiva de género, sea un paso firme hacia un estado donde ningún padre y madre, y sobre todo ninguna mujer vulnerable, sean víctimas y mucho menos revictimizadas, por la inacción.
