Francisco Ortiz Bello
Mucho se ha hablado sobre la Reforma Electoral que planteó el presidente de la República, a menos de un año que inicie el proceso 2023-2024, lo cual ya plantea de suyo un serio problema de operatividad y de viabilidad para estos cambios propuestos, porque requerirán de capacitación y entrenamiento suficientes y adecuados para su implementación, pero yendo al fondo del tema, en realidad es la instauración de un modelo electoral distinto, lo que lo convierte en algo todavía mucho más complejo que un simple cambio.
¿Cómo nos afectará en Chihuahua? ¿En Juárez? Ya que se trata de una modificación importante a diversas leyes y normas electorales, por supuesto que tendrá un efecto sobre los procesos federales que se realizarán en el 2024, pero también sobre las elecciones locales, y las consecuencias no se ven nada bien para Chihuahua y Juárez, igual que para todo el país.
Y es que no se trata solo de analizar los cambios que pretende el presidente, sin considerar el contexto general de los procesos electorales. Vale la pena darle una repasada a la historia de la que venimos, para que podamos dimensionar en toda su magnitud la reforma propuesta por el primer mandatario.
Por décadas, el gobierno priista denominado como “la dictadura perfecta” por Vargas Llosa, se encargó de validar esa denominación, mediante un férreo control en los procesos electorales y limitando al máximo la posibilidad de creer en otras fuerzas políticas, e incluso de militar en otros partidos.
Durante la transmisión de un foro transmitido por Televisa, del cual Octavio Paz era el anfitrión, el escritor Mario Vargas Llosa sorprendió a todos diciendo: “Yo no creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja en esa tradición con un matiz que es más bien el de una agravante”.
“México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México. México es la dictadura camuflada. Tiene las características de la dictadura: la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido. Y de un partido que es inamovible”.
Y así era, en efecto, porque el gobierno se encargaba de todos los procesos electorales, del padrón y de la credencialización, era pues, árbitro y jugador, lo que le permitió permanecer en el poder por más de 70 años.
Hoy, López Obrador quiere volver a ser el árbitro de los procesos electorales, para instaurar de nuevo las elecciones de Estado. Al menos, con el PRI, era un partido el que se empoderaba, Morena quiere que sea solo un hombre quien decida.
Tan evidente era el manipuleo de los procesos electorales, que la misma sociedad se encargó de exigir un cambio en ese sentido, primero a través de partidos políticos de oposición, de todas las corrientes ideológicas, pero llevo años de lucha e incluso sangre, arrebatarle al gobierno el control de las elecciones.
En 1990 el Congreso de la Unión aprueba el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), en el que se ordena la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales.
No obstante, este IFE de 1990 fue apenas un tibio esbozo de democracia, ya que lo seguía presidiendo el Secretario de Gobernación en turno. Luego, en 1993, otra reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, le otorgó al IFE nuevas atribuciones: a) Declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores; b) Expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos; c) Designar al secretario general y a los directores ejecutivos mediante el voto calificado de sus consejeros y, d) Establecer topes a los gastos de campaña. Se avanzaba.
En 1994, una nueva reforma electoral instituyó la figura de “Consejeros Ciudadanos”, personalidades propuestas por los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y electos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, sin considerar la profesión o título que poseyeran. Por su parte, los partidos políticos conservaron un representante con voz, pero sin voto en las decisiones del Consejo General.
Pero fue hasta 1996 cuando otra reforma constitucional le otorga más facultades y atribuciones al IFE, entre las que destacó la de elegir su forma de gobierno, así es como desaparece las figuras de Director General y Secretario General, para dar paso al Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo.
Fue en esa reforma, que se modificó el artículo 41 constitucional para reconocer en el IFE el organismo público ciudadano, descentralizado, con personalidad jurídica y presupuesto propios, con total autonomía del gobierno.
En esta historia de nuestra democracia y de las instituciones que le dieron vida, lo que más prevaleció siempre fue la autonomía del Instituto, para garantizar imparcialidad y certeza, así como su organización eminentemente ciudadana, que son precisamente las cualidades o virtudes que le quieren arrancar.
Más tarde, en 2007, vendrían más cambios para bien. Se modificó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para otorgarle 53 atribuciones adicionales, es decir, el avance democrático era pleno y total.
Esos cambios le permitieron al Instituto fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones federales, regular el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a los medios de comunicación, promover la participación ciudadana en las elecciones, asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales, transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados electorales, crear la Contraloría General del IFE con un titular designado por la Cámara de Diputados y crear la Unidad de Fiscalización como órgano con plena autonomía a cargo de un funcionario designado por el Consejo General, entre los más importantes.
Fue la reforma constitucional de febrero de 2014 la que dio origen a una nueva autoridad electoral de carácter nacional: el INE. Una reforma que rediseñó el régimen electoral mexicano.
Básicamente, se aumentó el catálogo de atribuciones del nuevo órgano electoral nacional, reforzando la rectoría de los procesos estatales y federales, estableciendo las bases de coordinación con la OPLES en las entidades, se crea el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) para asegurar la imparcialidad y profesionalismo de todos los funcionarios que participan en la organización de elecciones, le otorga facultades para fiscalizar los recursos de los partidos políticos nivel federal y local en forma expedita, es decir, en el transcurso de las campañas y no una vez que terminen, entre las que más destacan.
En todo este historial de reformas, cambios y modificaciones, ninguna antes como ahora le había restado facultades al órgano electoral, o disminuido recursos, o desaparecido instancias, o eliminado personal, al contrario, siempre se buscó mejorar las condiciones y recursos para que nuestra democracia tuviera un desarrollo adecuado.
Definitivamente, las modificaciones propuestas por López Obrador constituyen el más grave atentado a nuestras instituciones y a la democracia del país, buscando no solo restarle facultades y atribuciones, sino también disminuir sustancialmente sus recursos humanos, técnicos y materiales.
Se ha dicho mucho sobre el tema, hay quien pone como ejemplo un partido de futbol, o de cualquier otro deporte, en el que el equipo que va ganando, a medio partido quiere cambiar al árbitro y las reglas del juego, para apoderarse del resultado final y seguir ganando.
Ese sería un buen ejemplo si la democracia y las elecciones no fueran algo tan serio y determinante para la vida de un país. No, no es un partido de futbol, es algo mucho más que eso lo que está en juego, algo por lo que ciudadanos y partidos políticos hemos luchado por décadas, y que está a punto de perderse por el capricho de un solo hombre.
