Francisco Ortiz Bello
Asesor en Marketing Político, Imagen Pública, Media Trainning, Comunicación Social y Planeación Estratégica en campañas político-electorales
Cuando los políticos hacen política, ya sea electorera, partidista o social, se vale de todo con tal de embaucar ciudadanos que sigan sus propuestas, que las apoyen, que las compren, que las hagan suyas con tal de obtener después el poder. Ese es el fin último de la política como actividad humana, como profesión.
Cuando digo que se vale de todo, es todo, absolutamente todo, porque es precisamente esa conexión humana la que los coloca en el ánimo de la gente, por eso, entre más humano parece un político, más seguidores tiene, entre más se parezca al pueblo sabio y bueno, mejor es su aceptación.
Por eso, cuando hacen política electorera, la víscera y las emociones no estorban, por el contrario, sirven de puntos de conexión con la gente, con el elector, pero, cuando ganan una elección y ya gobiernan, entonces las cosas cambian drásticamente, porque se convierten en gobernantes, en autoridades, con facultades, atribuciones y limitaciones muy claramente establecidas en la ley.
Para el político que ya gobierna, que ejerce el poder, la víscera y las emociones se convierten en veneno letal que puede terminar intoxicándolos a ellos mismos. Cual serpiente ponzoñosa que pretende inocular su veneno al enemigo y termina mordiéndose la cola, así los gobernantes o autoridades que no entienden la enorme diferencia entre gobernar y hacer política.
Exactamente eso mismo les ha ocurrido a algunos de nuestros gobernantes, tanto en el estado como en el país. No acaban de entender que el ejercicio del poder requiere de una gran responsabilidad, pero, sobre todo, de una ecuanimidad e imparcialidad únicas, necesarias, indispensables, para garantizar un gobierno equitativo para todos. No se puede gobernar con el hígado.
Eso explica con mucha claridad que muy buenos candidatos luego no son buenos gobernantes, y viceversa, malos candidatos se convierten en muy buenos gobernantes.
Al igual que en el caso del hoy presidente López Obrador, el ex gobernador Javier Corral fue un buen candidato que supo capitalizar el hartazgo de una sociedad hacia conductas abusivas de poder, más que de un solo gobernante -Duarte o Peña Nieto-, de todo un sistema político partidista y cupular, que por décadas se hartó de privilegios y negocios a la sombra del poder, legales o no, pero que terminaron por hacer que el ciudadano de a pie los aborreciera hasta la saciedad, al punto de votar por la opción que fuera, pero distinta de la que ofrecían los mismos de siempre, con tal de sacarlos del poder.
Así fue como, después de 24 años, el PAN recuperó el gobierno del estado a manos de Javier Corral Jurado quien, sin duda alguna, pasará a la historia como uno de los peores gobernantes de Chihuahua, pero además, como el más visceral, vengativo, pasional y autoritario de los que se tenga memoria.
Así pues, meter a la cárcel a Cesar Duarte se convirtió en la bandera de campaña más importante de Javier Corral, y desde ahí todo empezó mal, porque asegurar que se “meterá a la cárcel a alguien” ya lleva implícito un juicio de culpabilidad, pero bueno, que eso lo diga “Juan Pueblo” no importa, no pasa nada, de hecho, no dudo que esa sea una percepción generalizada entre la población en el caso Duarte, aunque las percepciones no necesariamente son la verdad siempre.
La promesa debió haber sido, en todo caso, aplicar la justicia, detenerlo, someterlo a un proceso justo y legal para que, en caso de que resultara culpable, si y solo si resultara culpable, entonces sí lograr una sentencia de un juez que lo condenara a los años de prisión que correspondieran, pero no empezar por meterlo a la cárcel.
Por eso, ya en el gobierno, para Corral “meter a la cárcel a Duarte” se convirtió en una obsesión que rayaba en lo enfermizo, en lo patológico, al punto de violentar las mismas disposiciones legales a las que estaba sujeto, aun como gobernador del estado.
Establecer “convenios” de colaboración con “testigos protegidos”, al margen de la Ley o de plano fuera del marco legal, presionar, amenazar, amedrentar a testigos y otros involucrados con tal de arrancar confesiones a modo, públicamente hacer juicios de valor sobre la culpabilidad de Duarte y muchas otras acciones similares, hicieron prever desde entonces que si no se lograba la detención, enjuiciamiento y sentencia de culpabilidad de Duarte antes de que concluyera el corralato, después sería muy difícil lograrlo.
Con expedientes mal integrados, con desistimiento de testigos, con claras y evidentes violaciones graves al debido proceso, no se necesita mucho ni ser un experto jurista para darse cuenta que las probabilidades de que Duarte salga libre pronto son enormes. Tan solo las violaciones al debido proceso son elementos suficientes para anular todo el juicio.
En repetidas ocasiones, en declaraciones públicas ante medios de comunicación locales y nacionales, Javier Corral Jurado, ya como gobernador, se refirió a Duarte como “el vulgar ladrón”, “corrupto”, “corruptor”, y otros calificativos similares que, en voz de un gobernante, adquieren un peso específico muy distinto, se convierten en una aseveración cargada de prejuicios, nada más y nada menos que en palabras de la máxima autoridad política y legal del estado, adelantando y afirmando la culpabilidad del ex gobernador Duarte, sin juicio ni sentencia de por medio, violentando así sus garantías individuales al debido proceso y a la presunción de inocencia, que son esenciales en cualquier proceso judicial.
Otra grave violación al debido proceso, y a las garantías individuales de Duarte, fue la inauguración del llamado “Museo a la Corrupción”, en las instalaciones de la Casa Chihuahua, y que consistía en la exhibición publica de notas, videos, publicaciones y fotografías sobre las acusaciones hacia el ex gobernador Duarte, y en las que se aseguraba su culpabilidad.
Para promover la exposición de este “museo”, se colocaron enormes carteleras por todo el estado, con cargo a las finanzas del gobierno, con el rostro del ballezano asociado a las palabras corrupción y saqueo del estado, los cuales también se constituyen en una grave violación al debido proceso.
Esos tan solo algunos ejemplos en lo que respecta a las violaciones al debido proceso por cuanto a la presunción de inocencia, pero hay otros elementos ya más propios del desarrollo dentro de la integración de las carpetas de investigación.
Algunos involucrados dentro de los llamados expediente “X” de la denominada Operación Justicia para Chihuahua, han decidido retractarse de lo que declararon en contra del exgobernador Duarte, pero además también han interpuesto sendas denuncias contra Corral.
Hasta el momento se acumulan, al menos, unas 12 denuncias en contra del exgobernador Corral, en las que es acusado por daño moral, peculado, difamación, traición a la patria, uso ilegal del ejercicio público, entre otras, relacionadas con daños, tortura y violencia política, entre otras. El propio Fiscal General del Estado, Roberto Fierro ha confirmado la existencia de algunas de ellas, así como la gobernadora Maru Campos.
Es grueso y muy consistente el expediente que, poco a poco pero sólidamente, se va conformando contra Javier Corral Jurado, de hecho, la gobernadora del estado reiteró mediante un video subido a sus redes sociales, minutos antes del anuncio sobre la extradición de Duarte a Chihuahua, que “ni perdón, ni olvido, para los ex gobernadores del estado”, así en plural, refiriéndose evidentemente tanto a Duarte como a Corral.
Todo eso, sin contar con que Duarte fue extraditado solo por dos delitos, peculado por 96.6 millones de pesos y asociación delictuosa, únicamente, y solo por ellos puede ser juzgado de acuerdo con el tratado de extradición, y aunque existe el llamado criterio de especialidad que menciona el articulo 17 de dicho tratado, es un proceso largo y complicado que se antoja difícil de superar, al menos en el corto plazo.
Sin embargo, hay que señalarlo, vienen momentos de definición difíciles para la gobernadora del estado quien, ante la muy probable libertad de Duarte, será acusada y señalada de favorecerlo, aunque nada tenga que ver en ello, ya que en realidad será por las enormes deficiencias y violaciones durante el proceso, es decir, la muy probable y eventual libertad de Duarte, al igual que su captura y enjuiciamiento, será total y exclusiva responsabilidad de Javier Corral Jurado.
Por eso, los gobernantes deben abstenerse de ejercer el poder desde las emociones, desde las bajas pasiones, desde la víscera, y deben dedicarse en cuerpo y alma a cumplir su juramento cuando rinden protesta, a cumplir y hacer cumplir la constitución y todas las leyes que de ella emanan, solo eso. Ni más, ni menos.
Francisco Ortiz Bello
