Controversial…
Cenizas del engaño
El dolor de 383 familias traicionadas
Por: Raúl Sabido
El escándalo que ha sacudido a Ciudad Juárez, Chihuahua, no solo revela una trama de fraude, corrupción y negligencia, sino un atentado flagrante contra la dignidad humana post mortem, una manifestación concatenada de inhumanidad intencionalmente oculta y circunstancialmente exhibida.
En el crematorio “Plenitud” fueron encontrados 383 cuerpos apilados, muchos de ellos pertenecientes a personas que sus familias creían ya convertidas en cenizas. ¿La razón de este engaño? urnas llenas de grava y arena para gatos y otros materiales intencionalmente entregados así como último recuerdo de quienes fueron amados.
Las cifras duelen: algunos pagaron hasta 50,000 pesos por un servicio funerario “completo”, otros 15,000 por la cremación directa. Más allá del daño económico, está el dolor profundo de ser traicionado en el momento más vulnerable en la vida de un ser humano: la despedida de un ser querido.
Lo que debía ser una ceremonia de cierre de un proceso de dolor se transformó en una pesadilla interminable. Las autoridades han prometido identificar los cuerpos, pero advierten que el proceso tomará más de dos meses. Mientras tanto, los deudos son sometidos a trámites burocráticos que parecen diseñados para disuadir, no para acompañar. Si hay empatía oficial, brilla por su ausencia: solo el Fiscal del Estado, César Jáuregui, ha manifestado solidaridad y calificado el hecho como “atroz”. El resto de las autoridades involucradas guarda un silencio sepulcral que agravia más que consuela, un silencio que los delata como cómplices remunerados.
En medio de la indignación, surgen preguntas que no pueden quedarse sin respuesta:
¿Cómo es que se exige la cremación obligatoria durante la pandemia y ahora aparecen cuerpos de esa etapa?
¿Por qué las funerarias, que subcontrataron el servicio, no detectaron los olores fétidos ni el estado del crematorio cuando entregaban los cuerpos?
¿Existía realmente un horno crematorio, como exige la ley?
Se reportó en medios que el horno crematorio estaba fuera de operación en el caso del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez y fue SinEmbargo, en colaboración con La Verdad Juárez quienes señalaron esta situación. Además de lo anterior se filtró un oficio #2401/2025 emitido por la COESPRIS, donde se detalló que el horno crematorio no funcionaba, junto con otras irregularidades como la falta de energía eléctrica y gas, cámaras de refrigeración y condiciones insalubres.
Este dato fue confirmado por el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, quien calificó el caso como una “negligencia criminal” y señaló que los cuerpos fueron simplemente almacenados, sin ser incinerados como se había prometido a las familias
Este caso no puede quedar enterrado bajo trámites, promesas o el paso del tiempo. Es urgente que se esclarezca toda la cadena de responsabilidad: desde las funerarias involucradas hasta las dependencias que debían supervisar. Y más urgente aún es ofrecer a cada familia respuestas dignas, trato humano, solución y reparación y esta deberá de ser con los capitales de las funerarias principalmente y del gobierno estatal y municipal como cómplices.
La ciudad está asombrada, pero también está atenta al desenlace. Porque ante una tragedia tan atroz, el olvido no es opción y la verdad debe de arder y no solo los cuerpos.
Elementos que sugieren complicidad institucional
Funerarias involucradas: Al menos seis establecimientos: Luz Divina, Capillas Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno fueron quienes contrataron servicios con Plenitud, pese a que el crematorio ya había sido sancionado en 2020.
Supervisión fallida: La COESPRIS declaró haber inspeccionado el lugar en febrero de 2025, pero documentos oficiales indican que la última revisión fue en marzo de 2022. Esto sugiere contradicciones graves en los reportes de supervisión.
Permisos irregulares: Aunque el crematorio operaba desde hace más de 25 años, el presidente municipal de Juárez confirmó que no contaba con permisos municipales vigentes, “El crematorio no tenía ningún permiso municipal. Es un fraude terrorífico jugar con la gente”, esta declaración fue reportada por varios medios, entre ellos Guillermo Ortega Noticias, Puente Libre y Quinto Poder
Entrega de cenizas falsas: Las funerarias entregaban urnas a los deudos y estos no podían verificar el contenido. El gremio funerario admite que no hay forma de confirmar si las cenizas pertenecen al difunto, ni siquiera con pruebas de ADN. Autoridades forenses han señalado que muchos cuerpos fueron sometidos a procesos químicos que dificultan la obtención de ADN, lo que complica la identificación y podría limitar las acciones legales.
Silencio administrativo: A pesar de denuncias previas por olores fétidos desde 2020, el crematorio siguió operando. Esto sugiere que hubo tolerancia o desinterés por parte de autoridades locales y estatales.
¿Qué sigue?
La Fiscalía ha detenido al dueño del crematorio y a un empleado, pero no descarta investigar a funcionarios públicos que pudieron haber incurrido en omisiones. También se ha advertido que funerarias que no colaboren podrían enfrentar acciones legales.
Este caso no es solo un fraude funerario, es una trama de deshumanización institucional. Y sí, la cadena de complicidades está ahí, esperando ser desenredada por una investigación que debe llegar hasta el último eslabón y en todos los niveles de las autoridades implicadas en responsabilidad.
Existe el riesgo de que algunos responsables sean protegidos o invisibilizados, como ha ocurrido en otros escándalos. Por eso es vital que la sociedad civil, los medios y los deudos exijan transparencia total y no cedan al tiempo y al olvido, que se publiquen los nombres de los responsables y que se garantice que ningún eslabón de esta cadena quede impune.
Este no es solo un caso judicial. Es una crisis ética y social que exige memoria, justicia y reparación.
