Controversial…
Chihuahua en la antesala del 2027
Replaqueo, servicios, deuda y nómina secreta: “el verdadero amor a Chihuahua”
Por: Raúl Sabido
El calendario político no perdona
Apenas se despide el 2025 y ya se siente el murmullo de lo que será el proceso electoral de 2027 en Chihuahua. El 2026 abrirá la puerta a las precampañas y, con ello, a la maquinaria de intereses que nunca descansa. Los ciudadanos comenzamos a percibir no las necesidades de la población, sino las urgencias de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y de su grupo político, más preocupados por asegurar recursos, e impunidad, que por rendir cuentas.
La narrativa es clara: dinero, más dinero
No para obras palpables que transformen la vida de los chihuahuenses, sino para sostener un proyecto político decadente que busca sobrevivir. Los incrementos en servicios estatales, las obligaciones ciudadanas como el replaqueo vehicular y las cargas adicionales al bolsillo de la gente no se justifican en resultados, sino en la necesidad de financiar campañas. Se habla de cifras que oscilan entre 1,400 y 1,800 millones de pesos, pudiendo ser más, destinados no solo a impulsar al candidato oficialista estatal, sino también a infiltrar recursos en la precampaña del partido opositor en el estado con mayores posibilidades de triunfo. Jugar dos cartas para garantizar impunidad futura ante el fracaso de un gobierno que no logró consolidar obra pública y mucho menos la confianza ciudadana.
El cálculo político es frío
La gobernadora Campos va a invertir en su “delfín” de su propio partido y, al mismo tiempo, buscaría, con recursos públicos, asegurar influencia en la fuerza que amenaza con arrebatar la gubernatura. Todo ello con dineros que provienen del bolsillo de los chihuahuenses y del endeudamiento autorizado por un Congreso sumiso del estado. El riesgo no es menor: hipotecar el futuro financiero del estado para blindar intereses personales y de grupo.
Una historia repetida
Todos los gobiernos de Chihuahua, sin excepción, han cargado su sobrevivencia política al bolsillo ciudadano. Los tres últimos hasta hoy, los peores. Chihuahua incluso financió campañas nacionales y aún estamos pagando el “saludo con sombrero ajeno” de César Duarte.
La pregunta incómoda
¿Hasta qué punto los ciudadanos estamos condenados a financiar la sobrevivencia política de quienes gobiernan?
El 2026 será un año de definiciones, no por las obras que se inauguren ni por avances en seguridad o desarrollo, sino por la manera en que se construya, con dinero público, el andamiaje de campañas que buscan perpetuar privilegios y proteger las raterías.
A defender nuestro bolsillo
No podemos permitir que el endeudamiento del estado se convierta en moneda de cambio de intereses políticos. Cada peso comprometido hoy, sin obra tangible, es un peso que mañana faltará para salud, escuelas, carreteras y servicios básicos. El atraco no es menor: se nos obliga a pagar más por servicios y obligaciones mientras se hipotecan los recursos futuros en beneficio de unos cuantos.
Los ciudadanos tenemos herramientas jurídicas y democráticas para frenar este abuso. La vigilancia, la denuncia y la participación son nuestras armas legítimas. No se trata solo de números, se trata de dignidad y justicia. No podemos aceptar que el costo de la sobrevivencia política de un grupo sea la precariedad de todo un estado y sus ciudadanos.
El amor a Chihuahua y la nómina secreta
Ese supuesto “amor a Chihuahua” se parece demasiado al amor demostrado a la nómina secreta de César Duarte. Ahí, la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quedaron unidos no por principios ni proyectos de estado, sino por la sobrevivencia política y económica. Ambos demostraron que lo verdaderamente importante para ellos no es el bienestar de los ciudadanos, sino el dinero destinado a sus propias necesidades y ambiciones.
La nómina secreta los exhibe con precisión, fueron recursos públicos desviados para alimentar carreras personales, pactos de conveniencia y complicidades que hoy se reflejan en la manera en que se gobierna y se negocia el futuro político de Chihuahua. Lo que debería ser “amor a Chihuahua” se reduce a cálculos de poder y a la búsqueda de impunidad, mientras los ciudadanos cargamos con el costo de esas decisiones.
Puntos críticos del Presupuesto 2026
Derechos y obligaciones ciudadanas: replaqueo, licencias y trámites con incrementos.
Servicios estatales: ajustes brutales en agua, salud y educación.
Impuestos: nómina, hospedaje y nuevas cargas ecológicas.
Endeudamiento: nueva deuda para proyectos de inversión, comprometiendo recursos futuros.
En consecuencia, tenemos que lo aprobado a la gobernadora por el Congreso del estado sumiso, y gratificado, tiene dos aristas:
- Impacto directo: ciudadanos con mayores costos, empresas más cargadas y un estado hipotecado.
- Riesgos: futuro financiero comprometido, servicios públicos demeritados y recursos usados con fines políticos rumbo al 2027.
Los chihuahuenses no deben permitir más ser secuestrados por depredadores
Cada aumento, cada deuda y cada metida de mano al bolsillo es una burla. El 2026 será decisivo: o permitimos el atraco, o defendemos con firmeza el futuro de un estado que no puede seguir siendo hipotecado por quienes lo gobiernan como si les valiera un reverendo cacahuate.
“Dicen que el dinero mal habido, y el desamor, no se pueden esconder; basta con mirarlos y solitos se delatan.”
