Francisco Ortiz Bello
De entre toda la amplia gama de actividades ilícitas que cometen los seres humanos, sin duda alguna, la corrupción es una de las que mayor impacto negativo tiene entre la sociedad, entre los países y en el mundo entero, porque sustancialmente destruye el único vínculo de seguridad y confianza que tiene el ciudadano con sus gobernantes, sembrando además la perniciosa semilla de la ilegalidad, del “permiso clandestino”, para realizar actos ilegales con el visto bueno de la autoridad. En Chihuahua se está dando una gran batalla contra este mal.
Es, a todas luces, una patente de Corzo para que el ciudadano de a pie encuentre soluciones ilegales a sus demandas, sobornando autoridades, comprando impunidad, atropellando derechos de terceros, enturbiando con ello todo el proceso de convivencia social sana, armónica, legal y justa.
Para Chihuahua es fundamental que la actual Fiscalía Anticorrupción del estado, realice su trabajo de forma independiente, autónoma y profesional, siguiendo los cánones más altos y actualizados en cuanto a técnicas de investigación, tecnología y métodos jurídicos para el análisis de la información recabada. Hoy por hoy, los siete expedientes que esta fiscalía ha presentado, han sido exitosos y no se han caído ante los jueces
Creada en febrero de 2020, mediante las reformas constitucionales respectivas, y publicada en el periódico oficial del estado el 1 de febrero, fue dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, de gestión y tiene atribuciones para ejercer acciones penales en contra de personas que presuntamente hayan actuado de manera indebido en el ejercicio de la función pública, es decir, cuenta con plena autonomía del resto de los organismos gubernamentales.
No obstante, es preciso mencionar que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua nace con 6 años de retraso respecto del impulso nacional, ya que fue en la reforma constitucional político-electoral de 2014, cuando se consolidó el esfuerzo del Estado para crear una nueva figura de Ministerio Público y dar paso al fiscal general de la República, así como al Sistema Nacional Anticorrupción.
Es decir, estamos hablando de una institución estatal de procuración de justicia, directamente relacionada a la fiscalización de la función pública, de muy reciente creación y que, además, ha transitado por diversas etapas desde su inicio hasta la fecha.
No en vano, los países con menores índices de corrupción son los que presentan más altos niveles de desarrollo social, económico y hasta político. De acuerdo con el más reciente IPC de Transparencia Internacional de un total de 180 países evaluados en todo el mundo, los diez menos corruptos son: Dinamarca (90 puntos), Finlandia y Nueva Zelanda (ambos con una puntuación de 87), seguidos de Noruega (84), Singapur (83), Suecia (83), Suiza (82), Países Bajos (80), Alemania (79) e Irlanda (77).
En el extremo opuesto del índice se sitúan Somalia, Siria y Sudán del Sur, con una puntuación de sólo 12 el primero y 13 los dos últimos, lo que los convierte en los tres países del mundo más afectados por la corrupción. Venezuela (14), Yemen (16), Libia (17), Corea del Norte (17) y Haití (17) también se encuentran entre los países con menor puntuación.
En la escala de medición de Transparencia Internacional se valoran diversos factores como el estado de derecho que prevalece, la impunidad, la percepción ciudadana, la percepción empresarial, entre otros, y al final se otorgan puntos a cada país, en los que 0 significa total corrupción, y 100, no existe corrupción.
Una de las principales conclusiones que menciona ese reporte internacional es que, son los países que sufren conflictos armados o autoritarismo (dictaduras) los que suelen obtener las puntuaciones más bajas en el IPC, y, por el contrario, las naciones con mayores niveles de democracia, transparencia y legalidad son las más y mejor desarrolladas en todos esos mismos temas.
En ese mismo reporte, México se ubica en la posición 126 con una puntuación de 31, es decir, en el tercio más bajo de la tabla general. Se mantiene igual respecto de 2021, pero en cambio, con respecto a 2012 cuando estábamos en el lugar 105 con 34 puntos.
Es decir, en 10 años, México ha caído 21 posiciones en el IPC de Transparencia Internacional, lo cual, por supuesto, no es ninguna buena noticia ni para el país ni para los mexicanos.
Otro dato importante que arroja este informe es que, en Latinoamérica, México es de los peor evaluados en el tema de corrupción. Países como Uruguay, Chile, Costa Rica, Cuba, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú, El Salvador y Bolivia obtienen una mejor evaluación que nuestro país, lo cual también debe ser un motivo de preocupación, análisis y acciones para revertir tal situación.
A la luz de la información mundial en el tema de corrupción, actualmente México aparece como un país predominante corrupto, lo que sin duda ha llevado al Estado mexicano a emprender, desde todas sus instituciones, locales, estatales, federales, privadas, sociales y académicas, una verdadera guerra en contra de este mal endémico llamado corrupción.
A pesar de que existen varias asociaciones y organizaciones ciudadanas enfocadas en ese tema, aun a nivel estatal es difícil, muy complicado, encontrar información actualizada sobre índices de corrupción en nuestro país, por tanto, a nivel municipal es totalmente inexistente.
En nuestro país operan asociaciones o agrupaciones sociales enfocadas a investigar, documentar y publicar actos de corrupción o contra la transparencia. De las que más identificadas están podemos mencionar a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Transparencia Mexicana y Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), que, si bien realizan un trabajo importante para la sociedad, pareciera ser insuficiente ante la dimensión que tiene el fenómeno.
En el Índice de Corrupción Estatal 2018-2021 de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), se destaca que: “La corrupción en la mayoría del territorio nacional se encuentra en contextos de alta y muy alta prevalencia.”
“La entidad con la peor evaluación es el Estado de México, que obtuvo una calificación de 85.7 puntos sobre 100. Le siguen Baja California con 83.6; la Ciudad de México con 83.1; Baja California Sur con 81.7; Aguascalientes con 78.6; Chihuahua con 76; Jalisco con 75.1. Estos estados se clasifican como los que tienen índices muy altos de corrupción.”
“En el extremo contrario se ubica Querétaro, con 44.1 puntos, convirtiéndose en la única entidad catalogada en un rango de corrupción media.”
“En un sitio intermedio del índice están Tlaxcala con 51.7; Campeche con 56.6; Yucatán con 62; y Oaxaca con 64.5, sin embargo, están considerados en el rango de corrupción alta.” (ONEA, “Bajo Nivel de Sanciones en casos de corrupción en México despierta preocupación”, diciembre 2023, http://tinyurl.com/ys7zg6jj)
En ese mismo reporte se resalta que: “Cabe destacar que la ONEA precisa que los resultados fueron obtenidos a partir de fuentes públicas, entre los que se encuentran los reportes de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las encuestas nacionales de victimización y percepción sobre seguridad y de calidad e impacto gubernamental del INEGI, entre otros; esto, como una medida orientada a garantizar que la información fuera públicamente disponible y, a su vez, no tuviera sesgos que pusieran en duda su veracidad.”
Lo cierto es que la corrupción como conducta antisocial y como delito penal, representa para México un grave cáncer que debe ser extirpado a la brevedad posible, con todas las herramientas del Estado, pero aún más como un auténtico fenómeno social que merece toda la atención para su erradicación.
Trámites ante distintas instancias de gobierno, tales como permisos de construcción, licencias de uso de suelo, apertura de nuevas empresas, obtención de placas vehiculares o licencias para conducir, entre otros, representan un acto de molestia mayúsculo al ciudadano, porque además de los elevados costos para su obtención, todos requieren de un tiempo excesivo para su consecución y una cantidad de documentos y requisitos que lo complican en exceso, en consecuencia, resulta mucho más sencillo para el contribuyente “buscar” la forma de hacerlo más sencillo, menos engorroso y problemático, aunque no necesariamente menos caro.
No es sencillo, por supuesto que no, de hecho, se trata más que de una batalla jurídica o institucional, de una verdadera causa social porque, finalmente, termina afectándonos a todos. A todos.
Francisco Ortiz Bello
