SERGIO ARMANDO López-Castillo
Para la entonces Fiscalía Especializada en la Atención a los Delitos Electorales (Fepade), todo empezó cuando ahí recibieron una denuncia por parte de la entonces secretaría de la Función Pública de Chihuahua.
El marco de una importante investigación, en ese momento para la dependencia federal receptora, era la Operación Safiro y el desvío de recursos públicos hacia las campañas electorales, particularmente a las del PRI, sus candidatos, y varios de sus gobernadores en turno.
Fue así que, tras darle entrada a aquella, una de las primeras indagatorias por el indebido manejo de dinero del erario para desviarlo al partido en el poder, el titular de la Fepade en ese tiempo, Santiago Nieto Castillo, logró obtener una orden de aprehensión en contra del hoy recluso en prisión preventiva, ex gobernador, César Duarter Jáquez.
Y aunque se supo de que un expediente sobre ese espinoso asunto, se había abierto a nivel federal, incluso durante el proceso político del 2016, muy pocos o casi nadie, a excepción del nuevo gobernador, Javier Corral Jurado, supieron que un juez federal ordenó la captura del “ballezano”, a mediados, ya del año 2017.
La conocida operación Safiro había llamado la atención del jefe de la Fepade y su equipo de sabuesos electorales, porque el modus operandi coincidía con otros casos “gordos”, donde se habían usado empresas fantasma, para sacar recursos públicos y enviarlos al partido tricolor y varios de sus abanderados en mcuhos estados del país.
Para ese tiempo, se tenía el antecedente de lo ocurrido con el otro gobernador Duarte, Javier, de Veracruz, cuya administración desvió algo así como 3 mil millones de pesos del gobierno jarocho, a través de una amplia red de compañías fachada.
Ese caso fue documentado en su oportunidad e identificado por algunos medios de comunicación en dicha entidad del sur, pero a nivel federal tenía un ingrediente adicional, que era la utilización de universidades públicas que servían de intermediarias para mandar el dinero sustraído, a empresas inexistentes.
En ese sentido, se trató e identificó a esos temas, como la “estafa maestra”, que de acuerdo a la Fepade, y después la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) de la secretaría de Hacienda, fue, junto con el asunto Odebrecht, pieza clave de un rompecabezas, sobre la forma de cómo se había utilizado dinero de las arcas públicas, en diversas elecciones, durante el gobierno de Enrique Peña.
De esa forma y contexto, la operación Safiro resultó muy atractiva para el entonces fiscal electoral de México, por los patrones que había en común, pero a la vez, porque ex funcionarios del gobierno de Chihuahua a cargo de Duarte Jáquez, confesarían que el dinero desviado, terminaba en el PRI nacional, con eminentes fines político-electorales.
La línea de investigación para la Fepade y el grupo de investigadores era clara: Una vez girada la orden federal de captura, contra César Horario Duarte en Chihuahua, lo que seguía era una acción hacia Issac Gamboa – el cajero tramitador y recaudador del dinero, miembro de la SHCP y mensajero para los Estados-, citarlo a declarar, ofrecerle un acuerdo de oportunidad como testigo protegido, y, a partir de ahí, llegar a Luis Videgaray Caso, el jefe de Gamboa y operador oscuro de Peña Nieto.
Sin embargo, Nieto Castillo fue destituido de la Fepade en octubre de ese año 2017, orden “justificada” por el entonces encargado de la PGR (Procuraduría General de la República), Alberto Elías Beltrán. De este modo, todo se congeló hasta el final del gobierno peñanietista.
No obstante lo anterior, el gobierno entrante de Chihuahua a cargo de JACO, entonces del PAN, decidió jugarse las últimas cartas que le quedaban en todo este entramado, haber hecho efectiva la orden de retención contra su antecesor, por parte las autoridades federales.
Fue cuando el gobierno de Chihuahua hizo varios intentos por reabrir el caso Safiro, y presentó amparos directos ante el tribunal colegiado penal de la CDMX, aunque el sexenio de Peña estaba por concluir; de ese modo, en contraparte, éste, el 11 de octubre de 2018, por medio de la consejería jurídica de la Presidencia, interpuso ante la Corte, una controversia constitucional para blindar a Peña Nieto y a su gabinete, contra investigaciones penales instrumentadas por el Ejecutivo del Estado Grande.
En los actos reclamados por la federación pañanietista, se imputaba al gobernador Javier Corral Jurado, a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial local.
Un mes antes de terminar el mandato de Peña, 29 de octubre de aquel mismo año (18), un ministro de la Suprema Corte, admitió a trámite el recurso referido de la Presidencia, y suspendió en definitiva cualquier indagatoria o imputación penal de la Fiscalía de Chihuahua, contra Peña Nieto y los integrantes – incluso ex miembros- de su cuerpo de gobierno, por los desvíos millonarios, triangulados entre la SHCP, el gobierno anterior de César Duarte, y el PRI central.
Ése ministro que protegió a Peña, Duarte, Videgaray, al entorno Safiro y demás involucrados en esos actos de corrupción peñanietista, era nada más y nada menos que Eduardo Medina Mora.
Cubiertas las espaldas del ex presidente Peña, en esa ocasión, de Duarte Jáquez y la demás “banda”, el hijo predilecto del grupo Atlacomulco del Estado de México, entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre del año 2018, y se ausentó de la vida pública, por un tiempo.
En el mes de mayo del año siguiente (2019), ex expresidente Peña fue visto de nuevo, dicen, que, con rostro feliz, acompañado de su “nueva” pareja: Tania Ruiz Eichelmann, en la boda de una hija de Juan Collado Mocelo, abogado identificado con la llamada “mafia del poder” neoliberal de aquellos años, quien estuviera un tiempo preso, durante la mitad del presente sexenio López-obradorista, por delincuencia organizada.
Entre los invitados a esa algarabía social y política, estuvieron personajes clave del gobierno priísta de Enrique Peña, sobre todo aquellos que “echaron tierra” a las investigaciones del caso Safiro, para protegerse, tales como: Alberto Elías Beltrán (ex PGR), los ministros Medina Mora y Luis María Aguilar, éste ex de la Corte; el padre de la novia, Juan Collado; también acudió el ex líder petrolero Carlos Romero Deschamps.
Asimismo, se hizo presente Alfredo del Mazo Maza, ex gobernador de EDOMEX y primo de Peña; el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena; el cantante Julio Iglesias, entre algunos otros.
Pero el gobierno de Chihuahua no se rendía, Corral Jurado, su titular, presentó ya ante la nueva Fiscalía General de la República (FGR), dos denuncias, una administrativa y otra penal, justo contra el ex titular o encargado de la antigua PGR, Elías Beltrán, por el sobreseimiento y desistirse de la acusación que la fiscalía estatal corralista, había enderezado hacia la PGR, contra otro operador de la corrupción y desvío de fondos públicos al PRI y sus campañas, conocido como “La Coneja” – Alejandro Gutiérrez-, mano derecha del hoy nuevamente candidato a senador tricolor, Manlio F. Beltrones Rivera.
Sobre el abogado de la denominada “mafia del poder” neoliberal, Collado Mocelo, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, abrió en al año 2020, una carpeta de investigación en su contra, misma, mediante la que se logró que fuera vinculado a proceso penal, por peculado, en esta entidad chihuahuense.
Collado Mocelo habría recibido depósitos de más de 13 millones de pesos del gobierno anterior de César Duarte, entre los años 2013 y 2014, sin el sustento ni la justificación debida.
“Lo que diga y escriba, será la verdad”
