Sergio Armando López Castillo
1ª. de 2 partes.
Todo comenzó cuando a finales del año 2016, la Fiscalía de Chihuahua encontró indicios sólidos de que la Secretaría de Hacienda federal (SHCP), la dirigencia nacional del PRI y el gobierno de César Horacio Duarte Jáquez, planearon y ejecutaron el desvío de 250 millones de pesos del erario.
El objetivo de ello era financiar las campañas electorales del partido tricolor en varios estados del país, ese mismo año. Dicha investigación fue encabezada por el fiscal general César Augusto Peniche, la cual arrojó 104 órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios del “ballezano” y sus cómplices.
La acusación aquella señalaba que el peculado se efectuó con recursos por la Unidad Política y Control Presupuestal (UPCP) de Hacienda, mediante un convenio del FORTAFIN (Fondo de Fortalecimiento Financiero), el cual firmó Isaac Gamboa, principal motor de la liberación de esos fondos, a donde su jefe Luis Videgaray, se lo indicara.
De acuerdo a los testimoniales ministeriales que tuvimos acceso, parte de esa “operación” (conocida como Safiro), “bautizada” así por el grupo de investigadores de Chihuahua, quienes idearon el nombre, a partir del objeto la partida del ramo 23 federal para Saneamiento Financiero; consistió en convertir esos dineros en “fondos estatales” con la finalidad de quietarle a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la competencia de fiscalizar el uso de los recursos.
De esa manera, si el dinero era de origen estatal, los operadores duartistas confiaban en que la Auditoría Local, controlada por el gobernador, primero con el ex rector Raúl Chávez y luego con Liz Aguilera (hoy en la Uach, en área de los derechos universitarios, gracias a Ma. E. Campos, la gobernadora de Chihuahua), donde se harían de la vista gorda y que los diputados del Congreso estatal, la mayoría cooptados por Duarte Jáquez, aprobarían las cuentas públicas sin cuestionamientos.
Así, el convenio del Fondo de Fortalecimiento Financiero firmado por Isaac Gamboa, que era por 275 millones de pesos, fueron depositados en la cuenta de la secretaría de Hacienda estatal. Lo cual ocurrió el 6 de abril de 2016, mediante cuatro transferencias bancarias, se trasladaron 246 millones a 4 compañías fantasma o fachadas, todas indicadas por Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (La coneja).
Otros cuatro millones más fueron depositados en las cuentas de dos empresas familiares de Gutiérrez Gutiérrez, cuya participación en la selección de las razones sociales que se beneficiarían de 250 millones desviados, demuestra de acuerdo a la investigación, el involucramiento del PRI nacional en el origen de la susodicha operación.
Es importante anotar que “La coneja”, Alejandro Gutiérrez, era en ese momento, Secretario General Adjunto del Comité Ejecutivo Nacional priísta, y además brazo derecho, operador financiero de Manlio Fabio Beltrones Rivera, desde que éste fungía como diputado federal y luego dirigente partidista.
Si este esquema de desvío de recursos ya había sido implementado en otros estados de la república, según los testimoniales de la investigación a fondo del caso, ¿Qué les falló en Chihuahua?¿Se descuidaron?¿Fue arrogancia por haberse sentido impunes por años? ¿Era tal la confianza de los operadores priístas en que ganarían las elecciones de 2016, que no se ocuparon de ocultar las huellas de la estela de corrupción que representó al “Operación Safiro”?.
O lo intentaron de último momento, de manera burda, cuando en la etapa de la entrega-recepción del gobierno de J. Corral en Chihuahua, comenzaron a sentir que les pisaban los talones.
Es pertinente señalar que los desvíos de dinero público hacia el PRI, no nacieron con la susodicha “Operación Safiro”. Lo anterior, sustentado en datos aportados por ex funcionarios del gobierno de Chihuahua, quienes citaron, también, un antecedente identificable de las maniobras de peculado con fines electorales, durante el régimen de Enrique Peña Nieto.
En sus primeras fases lo llamaban el “Fondo Manlio”, en referencia al cabecilla de grupo operador del mismo, MFB, cuya alusión es obvia.
Por ejemplo en el 2012 la mano del triunfante Pela Nieto en esas elecciones, ya como presidente de la República, al Congreso de la Unión ingresaron priístas de larga trayectoria que hicieron mancuerna desde la Cámara de Diputados y de la de Senadores.
Así, a San Lázaro llegaron, el líder sindical Carlos Aceves del Olmo; el dos veces alcalde de Acapulco, Guerrero, Manuel Añorve Baños, y desde luego el ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera, que era coordinador de su bancada y Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
Tal solo el PRI contaba con 214 legisladores, que junto con los aliados del partido Verde, de Nueva Alianza, sumaban en bloque 252 diputados, quienes controlaban las comisiones del Presupuesto y la de Energía (ésta última estratégica y fundamental para procesar la reforma energética, ahora en controversia, por la arremetida de AMLO desde Palacio Nacional, en contra de la misma).
Por su parte, al Senado llegaron Emilio Gamboa Patrón, ex secretario particular de Miguel De la Madrid Hurtado, y veterano operar político tricolor; Raúl Cervantes, quien se volvería titular de la entonces PGR; Carlos Romero Dechamps, enquistado, entonces, dirigente del Sindicato de PEMEX; el ex gobernador de Guerrero René Juárez Cisneros (+), y David Penchyna ex diputado federal que sería nombrado a la postre director del INFONAVIT.
Era, como se recuerda, el regreso del partido político más antiguo de México. Y en esos momentos, ellos mismos lo “bautizaron como el nuevo PRI”, de acuerdo a sus mercadólogos, porque conscientes de la debacle del 2000, había sido por el hartazgo de una población que se vio más empobrecida en casi un siglo de los gobiernos de ese mismo partido.
En ese tenor, el fracaso de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, fortaleció la creencia de que el PRI “sí sabía gobernar”. Entonces, el revolucionario institucional presentó al electorado a una generación de jóvenes políticos, técnicos instruidos en el extranjero, con postgrados, bien peinados, bien vestidos, y que prometían reformas y modernización, y que supuestamente no sabían de las reprobables prácticas de sus ancestros correligionarios priistas.
En apariencia, el tricolor había aprendido la lección en el 2000 y 2006, y volvía con un “espíritu renovado”. Al menos eso nos decían.
De la mano de una cara campaña a la que ingresaron millonarios pagos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht, el PRI ganó en 2012 tal poder, que volvió a los demás partidos políticos sus comparsas, con la firma del “Pacto por México”. Y anulada la oposición y los contrapesos, ese partido pudo colocar a sus piezas políticas en cargos públicos estratégicos, desde los gobiernos estatales y del Congreso de la Unión, hasta las instancias de procuración e impartición de justicia y los organismos llamados “autónomos” en el tema de rendición de cuentas.
Con ello se completaba el círculo perfecto para la impunidad.
Eso fue la circunstancia histórica donde tuvo lugar la “Operación Safiro”, misma que en esencia comenzó a entrar en acción de la mano de Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, quienes operaban los desvíos millonarios de dinero, a través de intermediarios.
En el caso de Beltrones, se señaló al ex senador cohauilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (La coneja); mientras que para Gamboa Patrón, se identificó al oaxaqueño Ángel Meixuiero González, muy cercano, también, al gobernador José Murat y al hijo de éste, Alejandro Murat.
De ese modo, cuando Beltrones Rivera era diputado, Gutiérrez Gutiérrez “La coneja” nunca tuvo, oficialmente, un cargo en San Lázaro, pero a título de su jefe Manlio, tenía el poder de negociar recursos con los secretarios de Hacienda y finanzas de los estados, principalmente en los gobernados por el PRI.
También mantuvo un vínculo constante con Isaac Gamboa Lozano, el suministrador de dinero a las entidades federativas. Cuando Gutiérrez visitaba las oficinas de Isaac Gamboa, en Constituyentes 1001, “La coneja” se presentaba como coordinador de asesores del diputado Beltrones, de acuerdo con un registro de visitas a la Unidad de Política y Control Presupuestal (UPCP), obtenido para esta investigación.
En suma, el emisario de Beltrones estuvo al menos cinco veces en esa oficina, entre 2014 y ´15, aunque según testimonios recabados, las asistencias fueron más frecuentes. La pregunta que surge es ¿Qué hacía un asesor de San Lázaro sin nombramiento oficial, en el lugar desde donde se repartía el millonario fondo federal más discrecional de los últimos años?
Continuará…
