Controversial…
Dominical.
El agua es de todos
“Quien bloquea carreteras no defiende al campo, defiende privilegios.”
Por Raúl Sabido
“Los bloqueos de carreteras encabezados por agricultores y transportistas dejaron una lección clara: los únicos afectados fueron los ciudadanos, el comercio y la industria. Familias atrapadas en el tránsito, trabajadores que no pudieron llegar a sus empleos, mercancías detenidas en plena ruta y pérdidas económicas que nadie les va a reembolsar. El agua, la supuesta causa de la protesta, ni se inmutó: ahí sigue, íntegra, esperando ser administrada con justicia y transparencia y, a los agricultores, ni las ratas de campo se inmutaron en sus tierras”
Lo que se paralizó no fue el recurso hídrico, sino la vida cotidiana de miles de personas. El campo no perdió nada, los transportistas se golpearon a sí mismos, y la sociedad entera pagó el costo de un chantaje que nunca tuvo sentido
Los acaparadores defendiendo sus ingresos
Bloquear carreteras no es defender el agua, es secuestrar a la sociedad para proteger privilegios. Los grupos que se presentaron como defensores del campo han sido, en realidad, beneficiarios de un sistema desigual que les permitió acaparar concesiones hídricas otorgadas por el estado, y con ellas, lucrar con un recurso hídrico que debería ser de todos.
El chantaje social de cerrar caminos paralizó familias, trabajadores y servicios médicos, afectó la economía local y generó un clima de tensión que nada tenía que ver con el derecho humano al agua. Quienes dicen defender al campo, en realidad defendieron privilegios heredados de un modelo corrupto y opaco que incansablemente señalaban a conveniencia del momento.
Resulta contradictorio
Durante años estos grupos se han quejado de la corrupción en la administración del agua. Sin embargo, cuando la presidencia de la república impulsa una iniciativa de ley enviada a la Cámara de Diputados, intentando regularizar la distribución para todos los agricultores, y gratuita, estos se opusieron a cualquier cambio. En otras palabras, denunciaban un sistema corrupto, pero al mismo tiempo defendieron los privilegios que ese mismo sistema les otorgó a sus liderazgos que, por cierto, a los agricultores más pequeños, los grandes agricultores convertidos en sus liderazgos, les venden el agua para sus parcelas.
El agua casi gratuita que revenden
El agua que reciben las concesiones de los agricultores acapadores casi no les cuesta porque sí está altamente subvencionada y concesionada sin cobro directo por volumen y, en la práctica, les permite acceder al recurso a un costo sumamente bajo, y además cuentan con el subsidio de la CFE para operar la energía de los pozos. Aunque el agua concesionada no tiene un costo directo para los agricultores concesionados, no puede considerarse “gratuita” en sentido estricto, porque implica trámites, derechos de concesión y costos indirectos como la energía subsidiada y la infraestructura necesaria.
Esa misma agua, casi gratuita, la revenden a terceros a precios que van de $3.00 hasta $13.00 por metro cúbico. Y, lo más preocupante, ya existen propuestas presentadas a un gobierno estatal del norte del país, por un distrito de riego y que está constituido como empresa particular, para que, además de venderles el agua a los municipios, el agua de los agricultores se cobre un “derecho de piso” a los usuarios finales de la red municipal: $50.00 por cada medidor domiciliario, $100.00 por cada medidor comercial y $1,000.00 por cada medidor industrial, todo cargado directamente en los recibos de consumo. En otras palabras, buscan que el gobierno recaude por, y para, ellos, trasladando un costo injusto a ciudadanos y empresas, mientras ellos lucran con un recurso concesionado, que no es de ellos, casi sin costo y con energía subsidiada, no hay negocio mas productivo sobre la faz de la tierra que la venta de agua que les corresponde a los agricultores y que los concesionarios la venden a los municipios, y a los mismos agricultores a los que les provocan escases.
La iniciativa de la Ley del Agua busca precisamente lo contrario al garantizar que cada persona tenga acceso mínimo vital, transparentar las concesiones y frenar el mercado negro. ¿Por qué entonces la resistencia? Porque la reforma toca intereses de quienes han hecho del agua un negocio privado, acumulando títulos de concesión de agua y dejando a comunidades enteras en la escasez. Cada pozo con remanentes podría generar utilidades ilegales calculadas en cientos de millones de pesos.
Hoy, tras días de tensión, los agricultores han decidido levantar los bloqueos. El acuerdo alcanzado cambia el escenario inmediato, pero no borra la evidencia de que las carreteras nunca debieron ser utilizadas como instrumento de presión. La protesta se convirtió en un espejo que mostró la contradicción de quienes dicen defender al campo, pero en realidad defienden privilegios que se exhiben con su riqueza.
No estamos en contra de la riqueza, siempre que esta no surja de prácticas ventajosas, corruptas o abusivas. El contraste entre el oportunista y el verdadero agricultor es evidente: el dinero mal habido se ostenta sin pudor, mientras la dignidad del trabajo honesto habla por sí sola.
Es hora de desenmascarar este discurso. Los bloqueos no representaron a los pequeños agricultores ni a las familias rurales que sufren la falta de agua. Representaron a quienes temen perder un poder construido sobre la desigualdad. Defender el agua no es cerrar carreteras, es abrir la puerta a la justicia hídrica, a la transparencia y a la sostenibilidad.
La sociedad debe entender que detrás de cada bloqueo hubo un intento de frenar el avance hacia un país más justo. El agua no puede seguir siendo rehén de intereses particulares. La verdadera defensa del campo, y de la vida, está en apoyar una ley que garantice acceso equitativo, no en obstaculizar el derecho de todos a transitar y vivir en paz. Violentaron los derechos humanos de millones de ciudadanos utilizando la violencia pasiva en el cierre de carreteras y la toma de edificios de aduanas.
Cada estado tiene su propia historia de acaparadores.
Cada estado carga con su propia historia, y con sus mafias acaparadoras de agua. En Zacatecas, por poner un ejemplo, una de ellas está encabezada por la familia Monreal. Resulta revelador que sea Ricardo Monreal quien tenga en sus manos el paso de la ley de aguas para su aprobación, mientras su clan maneja un negocio redondo con concesiones otorgadas a toda la familia. Se trata de un negocio cuyo inventario no tiene costo y que, además, recibe el subsidio de la CFE para la energía de los pozos. Con ganancias de cientos de millones por pozo, no sorprende que defiendan con uñas y dientes que la ley no se apruebe. Sin embargo, Monreal enfrenta un obstáculo de gran peso: Claudia Sheinbaum.
“el que sirve a dos amos…”
“El agua se cuida con responsabilidad, no con chantajes disfrazados de protesta. El agua que extraemos de la naturaleza para diferentes usos debe ser gestionada como un bien común, un bien compartido que debe estar accesible para todas las personas, y no ser apropiado por nadie.”
