Diversas instancias de nuestra entidad se encuentran hoy dando una gran batalla, buscando impedir y luego revertir definitivamente la entrega de los nuevos libros de texto gratuitos, con los que el gobierno de la 4T pretende adoctrinar en su ideología política, desde su más tierna edad, a nuestros niños.
El gobierno del estado y un diputado local, han interpuesto sendos recursos legales para impedir que la SEP distribuya esos libros en nuestro estado, el gobierno una controversia constitucional y el diputado Francisco Sánchez un amparo, ambos recursos han obtenido las respectivas suspensiones provisionales, lo que ha significado importantes victorias jurídicas que, aunque parciales, dejan ver una clara tendencia de jueces, magistrados y ministros, en conceder la razón a quienes buscan la protección federal en ese tema y con ese objetivo.
Pero también la sociedad entera se ha sumado en apoyo a esta demanda que consideran justa y urgente, cámaras empresariales, asociaciones civiles, sindicatos patronales, grupos importantes de maestros y por supuesto los padres de familia, se han volcado para brindar apoyo tanto a la gobernadora del estado, como al diputado Sánchez.
Lo mismo ha ocurrido en estados como Guanajuato, Jalisco, Coahuila y Nuevo León, además de Chihuahua, con distintos recursos jurídicos pero con resoluciones coincidentes: la distribución de libros de texto gratuito debe suspenderse hasta en tanto se resuelva de fondo el conflicto planteado.
Independiente del enfoque jurídico que cada organismo, asociación o instancia le han dado a sus demandas, los diferentes jueces, magistrados y ministros han encontrado básicamente dos graves irregularidades suficientes para decretar la suspensión definitiva en algunos casos, la primera que no hay un plan de estudios ligado al objetivo pedagógico que contienen los libros.
La segundo, que no se siguieron los procedimientos establecidos para la Conaliteg, obligada por Ley a ello, para la revisión, diseño e impresión de los libros de texto, tales como foros y consultas a instituciones u organismos especializados en pedagogía y procesos educativos, sindicatos magisteriales, los mismos maestros, además de uniones o asociaciones de padres de familia, todo completamente abierto a la sociedad entera.
Al respecto, el Artículo 3o. de la Constitución General de la República dice a la letra:
“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.”
“Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.”
“La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.”
Luego abunda en distintas especificaciones, detalles y regulaciones secundarias, pero lo básico, lo sustantivo está en esos primeros tres párrafos que transcribí a la letra, líneas arriba.
Primero, porque define con claridad al Estado, y lo define como la suma y concurrencia de “Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios”, es decir, echa por tierra el argumento que esgrime el presidente López Obrador sobre la “exclusiva facultad” del gobierno federal en el tema, claro que los demás integrantes del Estado tienen facultades concurrentes en el tema, y así lo han determinado los operadores judiciales.
Más allá de si el contenido de los libros invade la esfera familiar de formación y educación, o de si adoctrina a la niñez en el comunismo, lo que está de fondo es la ilegalidad con la que se pretende imponer un esquema, que no fue consultado debidamente, y que se aparta de estándares pedagógicos científicos y efectivos.
Cuando la sociedad se une en un objetivo, salen sobrando las consignas políticas, los colores de partido y los intereses políticos, lo único que cuenta es la voluntad de una sociedad dispuesta a defender lo que considera un derecho. El mensaje está muy claro para los políticos.
Francisco Ortiz Bello
