-Nuestra solidaridad y respaldo total a Martín Solís Bustamante
Luz Estela “Lucha” Castro
Martín Solís Bustamante es dirigente de El Barzón Chihuahua y un reconocido defensor del medio ambiente y de los derechos campesinos. Su visión trasciende la defensa de la tierra: incorpora la justicia ambiental, entendiendo que el despojo de recursos especialmente el agua amenaza tanto a las comunidades rurales como al conjunto de la sociedad.
Ha colocado en la agenda pública del estado de Chihuahua temas como la sobreexplotación del agua, la minería y los derechos de las y los productores agrícolas pequeños y medianos. Su lucha le ha valido reconocimiento como defensor de derechos humanos, pero también ha expuesto los riesgos que enfrentan los activistas rurales en México. Ha sido clave en la denuncia de prácticas ilegales por parte de empresas y actores poderosos, y en la presión para que las autoridades reconozcan y respeten los derechos de las comunidades campesinas.
Solís mantiene una visión firme de justicia hídrica: para él, la regulación del agua subterránea es clave para proteger a los pequeños productores y evitar la explotación descontrolada. Su papel ha transitado de líder social tradicional a actor político más institucional: ya no solo denuncia, también participa activamente en debates legislativos y procesos de consulta pública. En este contexto, se registró y participó en el foro convocado por el Congreso del Estado para discutir la nueva Ley del Agua.
Durante dicho foro, el día 20 de noviembre, fue agredido física y verbalmente, pese a haber acudido de manera institucional para aportar información fundada sobre la crisis hídrica de Chihuahua. La agresión fue alentada por legisladores que, lejos de garantizar un espacio de diálogo democrático, estimularon la hostilidad en su contra.
La pregunta es inevitable: ¿qué hay detrás de la oposición a una nueva Ley del Agua? La CONAGUA cumple 35 años desde su creación en el sexenio de Salinas de Gortari, y la Ley de Aguas Nacionales cumple 33 años de haber sido promulgada. Durante estas décadas, este marco legal permitió que en el país y especialmente en Chihuahua se perforaran miles de pozos sin concesión, completamente ilegales, que extraen agua de los acuíferos sin control alguno.
Cada año, en Chihuahua se extraen del subsuelo 3,000 millones de metros cúbicos, equivalentes a llenar por completo las presas La Boquilla y Las Vírgenes juntas. Esta sobreexplotación pone en riesgo el abastecimiento de agua de las principales ciudades del estado, cuyo suministro para uso público urbano depende de estos mismos acuíferos.
Por ejemplo, los cuatro acuíferos que abastecen a la capital del estado están sobreexplotados por pozos ilegales y por pozos que extraen más agua de la que tienen concesionada. Cada año se bombean 157 millones de metros cúbicos de más, comprometiendo la seguridad hídrica de toda la zona urbana.
Mientras tanto, más de 100 mil personas en Chihuahua jamás han tenido agua potable en sus hogares. Se abastecen de ríos, manantiales y arroyos, pero durante 35 años no se les ha garantizado su derecho humano al agua.
Por todo esto es imprescindible aprobar una nueva Ley del Agua que impida el robo del agua, detenga la sobreexplotación de los acuíferos, priorice el consumo humano y garantice que todas las familias tengan agua potable en sus casas.
Pero hay quienes se oponen. Quieren que todo siga igual. Quienes se oponen protegen los pozos ilegales, defienden la sobreexplotación de los acuíferos y no les importa que 100 mil chihuahuenses no tengan agua en sus viviendas. Por eso difunden mentiras: que el gobierno les va a quitar el agua, que se les van a expropiar concesiones, y otras falsedades destinadas a sembrar miedo. Detrás de este discurso se esconden intereses político-electorales que buscan impedir que se discuta y apruebe una nueva ley que realmente atienda la crisis del agua en nuestro estado y en el país.
Frente a esa campaña de desinformación, reafirmamos nuestro reconocimiento a Martín Solís Bustamante, quien ha defendido el campo, el agua y el medio ambiente con rigor, valentía y compromiso, incluso a riesgo de su vida. Condenamos el uso faccioso y violento del recinto legislativo y exigimos un pronunciamiento público del Congreso del Estado ante lo ocurrido.
Hoy más que nunca, defendemos el agua como bien común y como derecho fundamental de la comunidad humana y de la naturaleza. Y convocamos a que la discusión de la nueva Ley del Agua se realice con civilidad, evidencia y responsabilidad, sin falsedades ni manipulación.
