Luz Estela “Lucha” Castro
La nota de ocho columnas en el periódico nacional Reforma expone la reciente queja de las empresas mineras contra las medidas fiscales impulsadas por Claudia Sheinbaum Pardo la Presidenta de México. Critican el aumento del impuesto sobre sus utilidades, que pasó del 7.5% al 8.5%, y la Ley Minera que restringió las concesiones, reduciendo el tiempo de su duración al 20% de lo que previamente gozaban. Las mineras califican estas medidas como “cargadas de ideología”, pero ignoran las consecuencias devastadoras que sus actividades han dejado en las comunidades rurales y el medio ambiente.
En Chihuahua, tenemos un ejemplo emblemático de hasta dónde llega la voracidad minera. En el Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, la minera canadiense MAG Silver mostró su cara más oscura al aliarse con el crimen organizado para silenciar a quienes defendían su tierra y su agua. Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, miembros de El Barzón, fueron asesinados el 22 de octubre de 2012 tras denunciar amenazas y agresiones por oponerse a la explotación minera en su comunidad. Este crimen dejó al descubierto el nefasto impacto de un modelo extractivo que prioriza las ganancias por encima de la vida.
No podemos olvidar que el saqueo de nuestras tierras no es un fenómeno reciente. Durante la colonia, toneladas de oro y plata extraídas de México adornaron catedrales y palacios europeos, particularmente en España, a costa de la vida de miles de indígenas. Hoy, el saqueo continúa bajo un sistema que permite a empresas extranjeras extraer riqueza mientras las comunidades locales sufren despojo, contaminación y abandono.
Por eso, las y los barzonistas celebramos las medidas que buscan obligar a las empresas mineras a respetar el medio ambiente y, sobre todo, a garantizar que las comunidades tengan el derecho a decir “no” a la instalación de minas en su territorio. No se trata solo de aumentar impuestos o limitar concesiones, sino de dar un paso hacia la justicia histórica, la soberanía nacional y la defensa de la vida en las comunidades rurales.
