Con la colaboración de Juan de Dios Olivas
Quien sigue sin aparecer en el caso del crematorio del terror de Juárez, como se le conoce ya en las noticias que están dando la vuelta al mundo, es la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, esa dependencia que prácticamente dejó de defender a los ciudadanos durante la era de la 4T, particularmente en el estado de Chihuahua.
Ya ni porque los negocios funerarios dieron rueda de prensa y le restregaron en la cara a los deudos que puedan reclamar a futuro indemnizaciones o reembolsos, que no pagarán un sólo peso, la dependencia federal ha mostrado signos de que va a intervenir y quién sabe si sea buena idea que lo hagan; quizás puedan hacerse a favor de las empresas de pompas fúnebres inmiscuidas en el terrible caso.
Ayer fue Marcelo Ruiz, dirigente de la Unión de Funerarias, quien dio la cara a los medios de comunicación para decir que ellos también son víctimas del doloroso fraude y, aunque están dispuestos a colaborar con las autoridades, no asumirán el costo que representa cumplirles a quienes ya les pagaron por un servicio que no se dio. En pocas palabras, que le reclamen al crematorio propiedad de la empresa Plenitud, cuyo dueño está detenido ya. Así de miserables son.
De acuerdo con declaraciones a medios de comunicación de la ciudad de Chihuahua realizadas por el fiscal César Jáuregui, las empresas funerarias investigadas son Luz Divina, Del Carmen, Capillas Protectodoco, Ramírez, Amor Eterno y Latinoamericana, con quienes los deudos contrataron los servicios para los 383 difuntos que fueron localizados sin incinerar el fin de semana.
La lista de los difuntos aún no se da a conocer a sus deudos, pero una vez que se conozcan, seguro vendrá una avalancha de denuncias en Profeco y quizás hasta civiles por el daño moral y lo que resulte.
