SERGIO ARMANDO López-Castillo
La crisis por los migrantes de diversas nacionalidades que en los últimos años han transitado por ciudades del estado grande, en recientes fechas tiene enfrentados al gobierno de la entidad presidio por María Eugenia Campos Galván, y al gobierno de México o federal, representado en Chihuahua por Juan Carlos Loera de la Rosa.
Sin embargo, hay que señalarlo con claridad: Muy poco o casi nada, la gobernadora y su secretario de gobierno, César Jáuregui Venegas, han hecho, con efectividad en este tema, culpando a diestra y siniestra al titular de los Programas Sociales y Representante del Presidente Andrés Manuel López-Obrador en este territorio, de una supuesta indolencia hacia estos grupos centroamericanos en tránsito hacia los Estados Unidos.
Así, hemos podido investigar y constatar, de manera presencial en Ciudad Juárez, el pasado fin de semana, que el responsable de la Delegación del Bienestar en el estado, y su equipo de trabajo, han estado respaldando a grupos de migrantes que pernoctan en el Centro Integrador “Leona Vicario” (con capacidad para 900 personas), y otros sitios de resguardo, instalados en esta ciudad fronteriza, donde se recibe una gran cantidad de migrantes, a quienes se les brinda un trato digno.
Además de atenderles acorde a su dignidad como personas y en estricto apego a sus derechos humanos, una labor que se ha realizado desde el año 2019, y ha continuado hasta esta fecha, debido a la gran cantidad de personas que en “oleadas” deciden migrar a la Unión Americana, a través de Chihuahua.
Esas y otras instalaciones migratorias que apoya el gobierno de México a través de la delegación de programas sociales (Bienestar), cubren las exigencias necesarias para brindar un trato humanitario, con asistencia de los llamados (as) servidores (as) de la Nación, quienes les proveen alimentación adecuada tres veces al día.
De igual forma hemos podido constatar que se les brinda servicio médico, el cual está disponible las 24 horas del día, y los lugares tienen clima controlado y servicios sanitarios higiénicos.
¿Y el estado, o gobierno local, que está haciendo por los migrantes? Ni siquiera conocen o aplican su propia Legislación en la materia…
Y la pregunta es: Cuántos albergues para migrantes han habilitado las autoridades estatales; o qué presupuesto han empleado para ese fin? Hasta ahora ninguno, no obstante que la Ley de Protección de Apoyo a Migrantes, promulgada 23 de julio de 2016, y reformada en 2 de febrero del 2022, les obliga a establecer políticas públicas en materia de atención y apoyo a migrantes, con especial atención a personas o grupos en situación de vulnerabilidad.
Y aquí les dejamos la tarea hecha, para que se enteren de lo que les es obligatorio hacer en este sentido: Promover el respeto de los derechos humanos de los migrantes, sin distinción de sexo, raza, color, idioma, religión, ideología, condición social, lugar de origen, nacionalidad, edad, estado civil o cualquier otra condición.
Deben recibir información respecto de los programas de atención a migrantes y de los requisitos necesarios para ser beneficiarios de los mismos y ofrecerles un trato respetuoso, oportuno y con calidad, así como darles servicios y prestaciones de los programas de atención a migrantes conforme a sus reglas de operación.
Debiera el gobierno estatal, a través de la conformación de un Consejo interdisciplinario local, encabezado por el Secretario de Gobierno, presentar denuncias y quejas, ante las instancias correspondientes, por el incumplimiento de esta Ley Estatal, y proporcionar la información que les sea requerida por las autoridades y mantenerse al margen de cualquier condicionamiento de tipo político partidista, para la obtención de los beneficios de los programas de atención a migrantes.
En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes, tendrá que velar y cumplir con el principio superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, atendiendo al contenido de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, incluyendo el de la no privación de la libertad por motivos migratorios.
Otra obligación, que no se ha traducido en nada tangible, es la de difundir mensajes en medios de comunicación masiva, que informen sobre los riesgos y peligros a que están expuestos los migrantes que no cuentan con la documentación exigida por el país al que pretenden ingresar, particularmente los menores de edad.
El estado en la localidad por donde transitan, deberá prestarles servicios de asistencia social y promover el retorno voluntario de los migrantes, con sujeción a los ordenamientos jurídicos aplicables y a las normas técnicas relativas, y la reintegración a sus comunidades de origen.
También, establecer una línea telefónica gratuita que facilite la gestión de trámites relativos al apoyo y protección de los migrantes y establecer un portal electrónico que facilite la orientación, protección, apoyo, gestión de trámites y quejas de los mismos.
Crear mecanismos que permitan obtener las mejores condiciones, en calidad, tiempo y precio, de las transferencias de fondos provenientes del extranjero, denominadas “Remesas”, tema en el que el gobierno de México, sí está trabajando por medio de la adecuación de Telecom, en esos términos.
El gobierno estatal, también debe promover y fomentar la operación de albergues o establecimientos públicos y privados de atención y apoyo a migrantes, y proporcionar alimentación, servicios médico, vestido, asistencia jurídica, orientación social y, en su caso, servicios de transportación y funerarios.
Otro punto de la Ley Estatal de Protección y Apoyo al Migrante, que el Estado en Chihuahua no ha observado y menos operado, es el de proporcionar atención, asesoría y protección a migrantes víctimas de delitos, celebrar toda clase de acuerdos y convenios administrativos, mediante los cuales se establezcan los mecanismos de protección y apoyo como víctimas.
Y muy claro, además, la legislación en este rubro les obliga a coadyuvar con el Gobierno Federal en la prevención y erradicación del tráfico de migrantes, y otorgar asesoría, con el apoyo del Consejo que debieran tener constituido, en el trámite de la documentación oficial que les sea requerida, a efectos de repatriar los restos de los chihuahuenses que hayan fallecido en el extranjero y así poder cumplir con todos los requisitos de la normatividad aplicable.
Los entes públicos estatales, deberán incluir previsiones presupuestales para la implementación de programas de atención a migrantes, asunto del que también adolece el Gobierno local y sus titulares.
Del mismo modo, su propia Ley les indica que el titular de la Secretaría General de Gobierno, deberá presidir el Consejo, que no existe, y acompañarse de un miembro del Consejo Estatal de Población, que será el Secretario Ejecutivo, diez vocales que serán: a) Un o una representante de la Secretaría de Salud, b) Un o una representante de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. c) Un o una representante del Registro Civil, d) Un o una representante de la Fiscalía General del Estado, e) uno o una representante de la Secretaría de Desarrollo Social, f) Un o una representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, g) Un o una representante del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua (DIF), así como h) Un o una representante de la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración.
Entonces juzgue usted, apreciado lector, con qué puntos de esta legislación estatal en materia migratoria ha cumplido el Gobierno de Chihuahua, hasta hoy?
