Controversial…
Hernán Bermúdez Requena
El operador que apostó por el exilio
Por: Raul Sabido
Por décadas, Hernán Bermúdez Requena fue más que un funcionario: fue un operador político que sirvió a los gobiernos priistas desde al menos seis sexenios atrás. Su nombre aparece vinculado a estructuras de seguridad, redes de protección institucional y negocios que se extendieron más allá de México. Su cercanía con figuras como Roberto Madrazo Pintado y su rol como secretario de Seguridad Pública en Tabasco (2019–2024) lo mantuvieron blindado. Hasta que la ficha roja de Interpol lo alcanzó.
En septiembre de 2025, fue capturado en Paraguay, en una residencia de lujo en Mariano Roque Alonso. La operación internacional reveló que su fuga no fue improvisada: Bermúdez había tejido una red empresarial en Sudamérica, especialmente en el sector de apuestas, operada por prestanombres y familiares.
El rostro invisible del poder:
La expansión de Bermúdez en Sudamérica se dio a través de casas de apuestas y plataformas digitales en Paraguay, Perú, Colombia y Uruguay. Empresas como CrownCity y CityBets operaban bajo nombres ajenos, pero todas llevaban el sello de su influencia:
* Humberto Bermúdez Requena, su hermano, figura como accionista en Crown City Premium Corporativo.
* Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino, fue arrestado en Paraguay por operar apuestas ilegales a través de Montego Trading SA y el portal crowncityplay.com.py.
Estas empresas fueron constituidas en México, muchas de ellas en la Notaría Pública Número 27 de Villahermosa, Tabasco, dirigida por Adán Augusto López Hernández, exgobernador y exsecretario de Gobernación. Desde Tabasco se formalizó la estructura legal que luego se expandiría por Sudamérica, triangulando capitales y ocultando la participación directa y visible de Bermúdez.
El sector de apuestas ofrecía el terreno perfecto: alto flujo de efectivo, operaciones transfronterizas y regulaciones laxas. Era el vehículo ideal para canalizar recursos provenientes de actividades ilícitas, incluyendo presuntos vínculos con el robo de combustible y contratos amañados en obras públicas.
El blindaje jurídico:
La edad como escudo
Pero más allá del poder económico, Bermúdez cuenta con un escudo legal: su edad. A sus 72 años, la legislación paraguaya le ofrece una vía de defensa poderosa. El Artículo 238 del Código Procesal Penal establece que:
“No se podrá decretar la prisión preventiva de las personas mayores de 70 años. En este caso, si es imprescindible alguna medida cautelar, se decretará el arresto domiciliario”.
Aunque esta norma es clara, su aplicación ha sido inconsistente. Existen precedentes de adultos mayores recluidos en penales paraguayos, lo que abre la puerta a que la defensa de Bermúdez recurra a jurisprudencia para exigir el cumplimiento estricto de la ley. Esto no impide la extradición, pero sí puede ralentizarla o condicionar su ejecución, especialmente si se argumenta que en México no se respetarían medidas alternativas por edad.
¿Protección o presión?
La narrativa oficial en Paraguay es firme:
“No seremos refugio de criminales”, declaró el presidente Santiago Peña. Pero la realidad es más compleja. La captura de Bermúdez ocurre en un momento en que México, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, busca proyectar una política de “cero impunidad”. La presión internacional es fuerte, pero los intereses locales también lo son.
¿Está Bermúdez protegido por redes que aún operan en las sombras? ¿O se ha convertido en una ficha incómoda que debe ser entregada para limpiar el tablero? Lo cierto es que su caso pone en evidencia los vacíos legales, las contradicciones diplomáticas y las tensiones entre justicia, poder y estrategia.
El giro inesperado:
Morena denuncia a uno de los suyos.
La historia de Hernán Bermúdez Requena no termina con su captura en Paraguay. De hecho, ahí comienza su desenlace político. Lo que hace de este caso una anomalía en el paisaje mexicano es quién lo denunció: no fue la oposición, no fue la prensa, no fue una ONG. Fueron figuras de primer nivel dentro de Morena y la Cuarta Transformación.
La primera denuncia judicial contra Bermúdez fue presentada por Carlos Manuel Merino Campos, gobernador interino que sustituyó a Adán Augusto López Hernández cuando este asumió la Secretaría de Gobernación, lo hizo con la anuencia del propio López Hernández, ya desde su nuevo cargo federal.
Luego, Javier May Rodríguez, gobernador constitucional de Tabasco, dio continuidad y consolidó las investigaciones, que culminaron en órdenes de aprehensión y la emisión de la ficha roja de Interpol. El gobernador May no solo no frenó el proceso sino lo aceleró. Y con ello, rompió el pacto tácito que suele proteger a los operadores del viejo régimen del PRI en Tabasco.
🧠 ¿Por qué no lo hizo la oposición?
Porque Hernán Bermúdez Requena era suyo. Su origen político está en los gobiernos priistas, donde se formó, creció y tejió redes. Fue parte del aparato que sobrevivió sexenio tras sexenio, adaptándose al color del poder sin cambiar su esencia. La oposición no lo denunció porque lo consideraba propio y no enemigo: era un vestigio del sistema en que participaron y toleraron.
Lo que Morena hizo no solo fue inusual, fue sísmico. Envió un mensaje: que incluso los operadores históricos del PRI pueden caer si se convierten en un riesgo para el nuevo orden. Pero también dejó al descubierto que la impunidad no tiene partido, y que romperla exige voluntad política, no solo discursos.
