Victor Quintana Silveyra y Martin Solis Bustamante nos comparten una ejemplar historia de resistencia.
La minería extractivista ataca de nuevo. Insiste en explotar los terrenos del ejido Benito Juárez, Buenaventura, en el norte de Chihuahua. Ahora con diferente razón social, pero con los mismos intereses, métodos y torvas alianzas.
Pocos ejidos en el norte de México tienen una historia de resistencia como el Benito Juárez. Las luchas agrarias de los abuelos y bisabuelos lograron que se dotara de 12 mil hectáreas de riego y 42 mil de terreno pastal a esta comunidad de mujeres y hombres levantiscos, acostumbrados a bregar con el clima extremo.
Son fundadores y miembros de El Barzón. Entre sus muchas resistencias se cuentan las que emprendieron contra la usura bancaria, las altas tarifas eléctricas de riego agrícola, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por la reactivación el campo, por la defensa de sus cuencas y acuíferos.
Se han movilizado en cabalgatas y tractoradas hasta la Ciudad de México; caravanas, tomas de puentes internacionales, carreteras y vías de ferrocarril, tomas de edificios públicos. Pero también son tenaces y competentes productores de chile, alfalfa, algodón, nuez y ganado vacuno en medio de sus inmensidades desérticas. En 2008, la minera El Cascabel, subsidiaria de la canadiense Mag Silver, comenzó a realizar exploraciones en terrenos de uso común sin contar con la autorización del ejido ni el permiso correspondiente de Semarnat.
Incluso realizaron perforaciones por debajo del manto fréatico, prohibidas por la NOM120 Semarnat 2011. La empresa se coludió con personal de la Procuraduría Agraria, intentó comprar derechos de uso común a ejidatarios y trató de regularizarlas ante el Registro Agrario Nacional, violando la ley que prohíbe la división y venta de terrenos comunes. La presencia de trabajadores mineros en el ejido favoreció la instalación de cantinas, prostíbulos y venta de drogas por el crimen organizado, que se hizo más presente.
En 2012, la asamblea ejidal solicitó a la minera información sobre sus trabajos de exploración. Como respuesta, la compañía intensificó su labor de cooptación de algunos ejidatarios y los malandros buscaron amedrentar a los opositores al proyecto, llegando incluso a la agresión física contra Ismael Solorio Urrutia y su hijo Érick Solorio Solís. Al mismo tiempo, en la capital del estado se desató el linchamiento mediático contra quienes rechazaban la apertura de la mina.
La alianza tácita compañía minera-ejidatarios cooptados-criminales-autoridades estatales permisivas, desembocó, el 22 de octubre de 2022, en el asesinato del dirigente Ismael Solorio y su esposa, Manuelita Solís. La sangre de ellos galvanizó la oposición al saqueo. El 17 de noviembre del mismo año, en una asamblea ejidal que contó con una asistencia nunca vista, por mayoría absoluta se acordó expulsar a la empresa minera y no permitir la explotación de la mina por 100 años.
El ejido negoció con el gobierno del estado que la minera sacara las muchas toneladas de muestras que había extraído y depositado en un lote ejidal, pero ésta sólo sacó la mitad. Los ejidatarios respondieron en marzo de 2013 organizando una épica faena y en un día sacaron de los límites del ejido 2 mil toneladas de muestras ya analizadas, inservibles.
En represalia, la empresa denunció por daños y perjuicios a 10 personas del ejido ante la Fiscalía General del Estado y demanda una “reparación del daño” por 143 millones de dólares, pidió incluso la intervención de la embajada de Canadá. Las personas demandadas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ordenó la dotación de medidas cautelares a nueve de ellas desde 2015, medidas que acaban de ser levantadas a petición del gobierno de México.
Ahora, a pesar de su derrota, la empresa vuelve a pelear por explotar la mina rica en plata, oro, zinc y molibdeno. Para burlar la ley, Mag Silver fue adquirida recientemente por PanAmerican Silver, que a su vez encargó la explotación del yacimiento a Apollo Silver, todas canadienses, aunque la titularidad de las 29 concesiones la ostenta la empresa Pozo Seco.
La minera retoma las mismas tácticas de hace 13 años: intenta corromper a los ejidatarios ofreciéndoles 80 mil pesos a cada uno de los ejidatarios para que cambien la decisión y acepten que la mina sea explotada. Vuelve a acudir a los malandros de la zona para amedrentar a quienes rechazan el proyecto.
Paga a los medios y columnistas políticos cercanos al gobierno del estado para informar sobre la “inmensa riqueza en plata del yacimiento” y favorece el linchamiento mediático de opositores a la mina y de las organizaciones derecho-humanistas que los apoyan. La mayoría del ejido Benito Juárez sigue firme en su decisión de impedir las operaciones de la minera en su territorio.
Lo hacen para preservar su medio, defender el agua, proteger el tejido social de su comunidad y, además, exigen que no queden impunes los asesinatos de Ismael y Manuelita, se proteja a las y los defensores de los derechos humanos y se detengan las agresiones mediáticas y físicas en su contra. Las y los ejidatarios de Benito Juárez no quieren ser parte del menú, han decidido ser parte de la mesa de decisiones. Que lo entiendan las mineras canadienses.
