Francisco Ortiz Bello
Tanto en la Constitución General de la República, como en las respectivas leyes secundarias del Congreso de la Unión y de los diferentes congresos estatales se establece la obligación para todos quienes hayan obtenido un cargo de elección popular, ya sea en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo, para que con determinada periodicidad presenten un informe del estado en que se encuentra la administración pública de los órganos que encabezan.
En el caso de los legisladores, diputados, senadores y regidores, la obligación se refiere al trabajo legislativo y de gestión realizado, durante el periodo que establece cada norma jurídica. Se trata pues de un ejercicio liso y llano de rendición de cuentas, al menos así está establecido.
Partiendo de esa premisa, que es un ejercicio de rendición de cuentas, el destinatario final de ese informe debería ser, en todos los casos, el ciudadano, el mandante, quien debería revisar, analizar y, en caso dado, observar la gestión de sus representantes electos.
Se entiende, o sobre entiende que así es, o debería ser, porque en el caso de los titulares de poderes ejecutivos (presidente de la República, gobernadores, alcaldes, síndicos), la obligación legal estipula que deben entregar dichos informes, por escrito, ante los representantes de la sociedad en el órgano legislativo correspondiente, quienes se supone deberían estar atentos a todo lo que se informa, porque actúan en representación de la sociedad.
Sin embargo, sabemos bien que no es así, que no ha sido así desde tiempos inmemorables, salvo honrosas y contadas excepciones, porque los legisladores o regidores que deberían representar y darle voz a la ciudadanía, casi siempre obedecen solo a los intereses y directrices de sus partidos políticos o grupos de poder, de tal modo que los informes de gobierno pasan a ser solo un mero trámite burocrático para cumplir con la Ley y nada más.
Recientemente, el presidente de la República centró más su atención en la convocatoria a una mega marcha en la capital del país, que en el contenido de su informe, y tuvo éxito, porque los titulares de las notas los ocupó la mega marcha y no le que dijo sobre su trabajo del último año de la administración pública federal.
Y es entendible, porque dadas las condiciones del sistema político mexicano, la promoción de las figuras en posiciones de poder resulta fundamental para cualquier proyecto, presente o futuro, que los catapulte a mejores posiciones, y es cuando utilizan “los informes” como buena excusa, además legal, para promocionarse políticamente.
El evento con mayor convocatoria, llenar un lugar muy grande (el zócalo o un estadio, por ejemplo), producciones de video y escenografía verdaderamente “hollywoodescas”, se han convertido en estrategias de promoción personal utilizando como pretexto los mencionados “informes de gobierno”.
Uno de los recursos mayormente utilizados en estas estrategias de promoción política ha sido, precisamente, romper con la definición y significado de lo que es un informe, y convertirlo en un discurso político con mensajes cifrados, pero, sobre todo, en un anuncio de lo que se hará en el futuro.
Todos entendemos con claridad qué es un informe. Se informa sobre un hecho concreto que ya ocurrió, se informa sobre lo que se hizo, sobre las tareas y funciones ya realizadas, eso es un informe.
Por eso afirmo que cuando dentro de la obligación de rendir cuentas, se mezclan con propósitos distintos la obligación de informar y anuncios o mensajes políticos, o bien programas, obras o acciones futuras, se desvirtúa por completo el concepto y definición de “informe de gobierno”.
Debemos entender que, en la época moderna, estos informes de gobierno se dividen en dos tiempos. Uno, que es el legalmente válido y obligado, es el acto protocolario, austero e intrascendente, en el que el informante entrega el documento y todos sus anexos, que contienen, a detalle y profundidad, todas y cada una de las acciones realizadas en el periodo comprendido. Al menos así debería de ser.
Regularmente estos documentos son verdaderos mamotretos de incontables hojas, dignos de cualquier enciclopedia impresa (claro, ya no existen las enciclopedias impresas), pero en la mayoría de los casos llenos de paja, solo se trata de apantallar, de impresionar, como si entre más “gordo” sea el libro del informe, la gente pudiera creer que se hicieron más cosas, o se obtuvieron mayores resultados.
El segundo tiempo o momento, es el que mejor aprovechan todos los políticos y gobernantes, porque es un evento multitudinario, al que convocan a diversos actores políticos, sociales, empresariales, académicos, religiosos, militares y hasta extraterrestres, todos con fuerte liderazgo en sus ámbitos, con el fin de magnificar ante diversos grupos sociales el trabajo realizado.
Es en esta clase de eventos en donde, incluso apartándose del guion original entregado protocolariamente, le dedican mas esfuerzo, recursos, creatividad y enfoque publicitario, a través de la repercusión que pudieran lograr con lo que se dice ahí. El famoso mensaje político de los informes.
Sin embargo, disociar la realidad y lo efectivamente realizado regularmente trae consecuencias negativas para quien lo hace. Más temprano que tarde la gente descubre el engaño y con ello modifica sustancialmente la percepción de quien lo hizo.
Recientemente pude asistir a dos informes que me llamaron particularmente la atención. El primero de ellos, un lunes por la mañana, el del diputado federal Armando Cabada Alvídrez, quien, aprovechando bien su origen de comunicólogo y periodista, utilizó los medios de comunicación para presentar una producción digna, completa y totalmente circunscrita al trabajo legislativo.
Quizá no sea muy lucidor hablar del intenso trabajo de cabildeo, discusión y negociación en comisiones, o de las interminables gestiones ciudadanas, o de los acuerdos en el seno de los grupos parlamentarios, pero finalmente ese es el trabajo de un legislador federal y eso fue lo que Cabada informó, sin adornos ni garigoleos innecesarios.
El pasado viernes, aquí en la frontera, en un salón de eventos de regulares dimensiones, la diputada local y presidenta del Congreso estatal Adriana Terrazas Porras presentó también su Primer Informe de Actividades Legislativas, ante una concurrida asistencia.
Escueto, concreto, el programa del día incluyó un video corto, bien hecho pero sin grandes estridencias de producción, acompañada de las autoridades de los tres niveles de gobierno, directivos de medios de comunicación, dirigentes y legisladores de otras fuerzas políticas, regidores del Ayuntamiento, así como consejeros estatales de Morena.
El evento dio inicio puntualmente a las 5 de la tarde, la hora señalada en el programa, y concluyó antes de las 6 de la tarde, no porque se haya informado poco, sino porque se aprovechó muy bien el tiempo y se informó lo que se tenía que informar, sin adornos innecesarios.
Un mensaje político breve, claro, como corresponde a la presidenta del congreso estatal, llamando a construir en unidad por el bien de los chihuahuenses y fuera de todo sesgo partidista. Un colmillo político que explica claramente por qué ocupa ese cargo la política juarense.
Curiosamente, ambos legisladores, Cabada y Terrazas pertenecen a Morena. Hoy, en la capital del estado, otro morenista, presenta su Informe de Actividades Legislativas, se trata del Senador de la República Rafael Espino, de quien se espera también una buena convocatoria, sobre todo en el ámbito empresarial, y bien arropado por líderes de su partido. Ya les estaremos comentando sobre dicho evento.
A los ciudadanos nos corresponde pues, no dejarnos envolver por informes muy adornados pero que son cantos de sirena, informes sin sustento ni materia, y exigir que estos ejercicios de rendición de cuentas sean cada vez más apegados a su definición y concepto originales.
Francisco Ortiz Bello
