Con la colaboración de Juan de Dios Olivas
Ya salió el peine de la cortina de humo mediática que se aventó el secretario del Ayuntamiento de Juárez, Héctor Ortiz Orpinel, al inconformarse en los medios de comunicación con un fallo del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) en favor de las pensiones de los exregidores Alfredo Ramírez Rentería y María Eugenia García Hernández, que también fueron empleados municipales con casi dos décadas de servicio, que no les quiere reconocer aunque ya es cosa juzgada.
Ramírez Rentería se jubiló en la administración del exalcalde Héctor Murguía Lardizábal y, al sumarse a la Asociación de Jubilados y Pensionados que dirige Juan Etienne Castruita, se desató el celo por el poder y el miedo del líder a perder la dirigencia de esa agrupación en la que se encuentran afiliados unos 3600 exempleados municipales y viudas que gozan de retiro o pensión.
El líder de los jubilados es un excomandante de la Policía Municipal de los tiempos en que mandaba en Juárez la famosa mafia de los capitanes y con ella personajes oscuros como El Largo y los Cháirez, quien al jubilarse asumió el mando de la Policía Municipal del municipio de Nuevo Casas Grandes, donde se desató una disputa en La Maña que terminó cuando le recetaron decenas de balazos a Etienne Castruita, que terminó literalmente con los intestinos de fuera en las calles de la ciudad del durazno.
Castruita regresó a Juárez donde, en el año 2019, curiosamente también apoyado por Ramírez Rentería, logró ganar la presidencia de la Asociación de Jubilados, donde se reeligió en el 2023 por un periodo que termina en el 2027.
Ahí encontró una minita, pues administra aportaciones mensuales de 450 pesos por jubilado que al mes suman más de 1.6 millones de pesos. Se asignó un sueldo de 120 a 150 mil pesos adicionales a los 20 mil que gana de pensión, y se eternizó como Fidel en la CTM. No da cuentas de la millonada que recauda anualmente y de la que solo otorga unos cuantos premios de 450 pesos en rifas que organiza mensualmente para tapar el ojo al macho y probablemente la metida de mano a esos recursos.
Y precisamente, cuando sintió pasos en la azotea y las posibilidades de perder esos dineros porque el exregidor le exigía cuentas, Castruita recurrió al exalcalde Cabada, quien en represalia procedió a retirar la pensión a los exregidores que veía como amenaza para dirigir la asociación de jubilados. El caso se fue al TEJA, donde duró 5 años, y lo perdió el Municipio porque el trámite se realizó en base al reglamento vigente desde los años 1990, aprobado en la administración del exalcalde Francisco Villarreal. No hubo anomalía y algunos empleados que luego fueron directores y regidores también se retiraron con las pensiones que les otorgaba la normatividad vigente.
Pero al regresar Ramírez a la Asociación, el expolicía mañoso sintió nuevamente pasos en la azotea y recurrió ahora a Héctor Ortiz Orpinel y, claro, al alcalde Cruz Pérez Cuéllar, prometiendo el voto de los 3600 jubilados, sin reparar en que ahí hay panistas, priistas, experredistas y hasta de Morena que no le harán caso, pero el secretario del Ayuntamiento tenía que cumplir y tendió su cortina de humo, sabiendo que no hay nada que hacer, que todo está legal. No fue una pifia jurídica; no impugnará porque también es mover las pensiones de miles de jubilados a quienes se les paga ilegalmente en UMAS y no les han actualizado sus pagos en salarios mínimos o en pesos. Al final del día terminaría perdiendo y manchando su reputación jurídica; lo sabe Ortiz Orpinel.
