Francisco Ortiz Bello
La mezquindad es la calidad de ser mezquino, y de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), una persona mezquina es alguien que carece de generosidad y nobleza de espíritu; que escatima en el gasto de lo que se requiere, tacaño, avaro.
Atendiendo a su etimología, es una palabra que proviene del vocablo árabe “miskīn”, que significa “pobre”. De ahí que cuando se aplica a una persona, en relación con sus actos hacia otros, un mezquino es alguien que acusa pobreza en sus expresiones y en su reconocimiento de los demás.
En Chihuahua, desafortunadamente para los chihuahuenses y para los juarenses, para la sociedad entera, estamos viendo uno de los casos que mejor ejemplifican la mezquindad y la ruindad humana, aplicadas a la política.
Por desgracia, ese caso tiene que ver con los hechos de sangre del domingo 1 de enero, en los que se fugaron reos del penal de Juárez, y que costaron la vida de 10 custodios y otros 7 reclusos del mismo, y que sacudieron a la sociedad fronteriza en un turbulento inicio de año.
Diputados, líderes del partido Morena y altos funcionarios del gobierno federal en Chihuahua, incluido el propio representante del presidente, se han esforzado todo lo que han podido, para mostrar su extrema mezquindad política, intentando posicionar en el imaginario colectivo, que todo lo ocurrido fue culpa del gobierno estatal, y con ello obtener un rendimiento político a su favor. Condenable actitud.
Parecieran olvidar que es todo el país el que vive un contexto generalizado de violencia extrema, con cifras de homicidios violentos nunca antes vistas en México, desde una postura del gobierno federal de incomprensible permisibilidad.
Parecieran desconocer que fue el gobierno de Javier Corral el que abandonó por completo la seguridad y paz de los chihuahuenses en manos de los grupos criminales, como también lo hizo con el sistema penitenciario del estado.
Parecieran olvidar que fue el gobierno federal el que condenó a Chihuahua, y particularmente a Juárez, a una permanente, nociva y peligrosa sobrepoblación en los penales, al cancelar y cerrar la operación del Cefereso 9, un espacio pensado y construido precisamente para despresurizar las cárceles del estado, llevando ahí a los reos del orden federal.
Desde esa ceguera y falta de memoria muy conveniente para ellos, pretenden señalar con dedo flamígero e implacable al gobierno del estado, único que ha mostrado trabajo y resultados en esos temas precisamente. Se trata de partidizar un tema que debería de estar fuera de tales propósitos.
La ciudadanía espera de sus autoridades compromiso, trabajo, honestidad y resultados, sin importar si tales autoridades pertenecen a un partido o a otro, sin importar si son del municipio, del estado o de la federación, porque se supone que a la hora de trabajar deberían sumar esfuerzos y no restar.
Resulta patético e indignante ver y escuchar al Ing. Juan Carlos Loera, máxima autoridad federal en Chihuahua, haciendo declaraciones en contra de la gobernadora del estado, más que como un digno funcionario de tan alto nivel, llorando aún, como niño, su derrota en las elecciones del 2021.
El problema con esas actitudes y declaraciones, que más parecen rabietas y berrinches infantiles, es que chocan de frente contra los escasos resultados que ha mostrado el gobierno federal, precisamente en esos temas, lo de la seguridad pública, los de la integridad y tranquilidad de los mexicanos, sobre todo porque el presidente López Obrador quien es el responsable del gobierno federal lleva ya más de 4 años en el ejercicio del poder, la gobernadora Maru Campos, a quien pretenden “crucificar” los lopezobradoristas, apenas va por un año y cuatro meses de gobierno y, sin embargo, ha entregado mejores resultados en los rubros mencionados.
El año pasado, en Chihuahua se dieron poco más de 900 homicidios dolosos, mientras que en 2021 cerró con más de 1 mil 100 homicidios, es decir, una disminución real del 17 por ciento. En Ciudad Juárez, esa disminución de homicidios dolosos fue del 25 por ciento, reducciones reales, a pesar de los eventos de alto impacto que representó por ejemplo lo ocurrido el “jueves negro”, o los hechos en la sierra del estado. Esas son cifras oficiales, validadas por el SESPN del gobierno federal.
En ese sentido, a diferencia de su contraparte federal, recientemente la gobernadora, cuando dio a conocer estos números, no escatimó reconocimiento y agradecimiento a las diversas instancias del gobierno federal que, definitivamente, también han participado en este trabajo. Sin embargo, no recibe el mismo trato de los funcionarios federales asentados en la entidad.
En el Congreso del Estado, los diputados de Morena se desgarraron las vestiduras exigiendo la renuncia del Fiscal General, responsabilizándolo directamente por la corrupción al interior del Cereso de Juárez, así nada más, una exigencia arbitraria, sin pruebas ni evidencias que señalen o al menos sean indicios que indiquen que la corrupción dentro del penal fue solapada por Roberto Fierro, o alguno de sus principales colaboradores.
Claro, no importa si no hay pruebas o indicios, lo que importa es golpetear mediáticamente al adversario político, al gobierno emanado de un signo político distinto y que hace un buen trabajo, lo que importa es dañar la imagen de un gobierno que, a pesar de la difícil situación en la que recibió la administración, ha sobre llevado y sorteado de manera efectiva los primeros meses de su gestión.
Eso es lo ruin, lo patético, lo mezquino. Utilizar la seguridad y tranquilidad de los chihuahuenses con fines eminentemente político-electorales, “acarrear agua para su molino” como se dice coloquialmente, utilizando la tragedia de quienes perdieron la vida en los hechos violentos del Cereso.
No hay elementos sólidos para pensar, o suponer siquiera, que funcionarios de la presente administración estatal están involucrados en la corrupción al interior del Cereso de Juárez, ni siquiera indicios vaya. Antes al contrario, la misma gobernadora Maru Campos, el fiscal Roberto Fierro y el secretario general de gobierno, César Jauregui, han confirmado una investigación a fondo sobre las inauditas condiciones de privilegio en las que vivía El Neto dentro del penal, que incluye por supuesto a todas las autoridades del penal, pero también en las demás instancias relacionadas.
Pero mucho más que eso, que será prioritario, también el fiscal ha anunciado una restructuración completa de todo el sistema penitenciario del estado. Mayor inversión en tecnología, mejores controles, novedosos sistemas de supervisión directa e indirecta, en fin, que todo el sistema carcelario de Chihuahua va a ser modificado. Para ello, Roberto Fierro se ha dado un plazo de 3 meses.
Por otro lado, a escasos 5 días de ocurrida la fuga del penal, el pasado jueves en la madrugada, El Neto fue ubicado y localizado físicamente, se procedió a su recaptura y en el enfrentamiento perdió la vida con las fuerzas estatales de seguridad. A menos de una semana de la fuga.
Debemos señalar también, con base en los hechos, que las autoridades de los tres niveles de gobierno, coordinadas por el gobierno estatal, lograron esa recaptura sin que hubiera reacciones del grupo criminal que comandaba El Neto, o si las hubo fueron contenidas eficazmente por las fuerzas del orden y no alteraron ni pusieron en riesgo la integridad de los juarenses.
Hoy, apenas a una semana de los sangrientos hechos del domingo 1 de enero, la autoridad nos entrega buenos resultados del trabajo realizado y se vive en la ciudad una calma que, aunque relativa y tensa, es real y refleja un esfuerzo eficiente en el tema de seguridad en beneficio de toda la comunidad.
Todo esto no ha sido nada sencillo, estos esfuerzos han costado vidas humanas, vidas de servidores públicos comprometidos con su responsabilidad. Doce familias de agentes del orden que hoy lloran a sus seres queridos.
Caray, no se vale tirar por el caño todo eso tan solo para intentar demeritar el trabajo de una instancia de gobierno con fines políticos, insisto, eso es muy ruin, mezquino y condenable.
Francisco Ortiz Bello
