Colaboración de Juan de Dios Olivas
Unos por burros, otros por influyentes, pero en general por no haber cumplido los requisitos mínimos constitucionales para haber sido candidatos, 8 magistrados electos fueron impugnados ante el Tribunal Estatal Electoral por la agrupación Alianza del Primero de Junio de 2025, representada por Eduardo Gómez Caballero y Briana Díaz Esparza.
La impugnación la presenta Gómez Caballero, hijo del doctor Pablo Gómez, uno de los héroes que dio su vida en el cuartelazo en Madera de 1965 tras aquella rebelión en contra del gobierno federal y el estatal representado por el exgobernador Praxedis G. Giner, que se distinguió por la represesión a campesinos y maestros que luchaban contra el latifundio. Así que Eduardo creció en la autentica izquierda mexicana y su reclamó no es al tanteo.
En su denuncia señalan l prácticas de fraude electoral, imposiciones de candidatos que no fueron examinados rigurosamente conforme a los requisitos constitucionales de elegibilidad, que al fin de cuentas es una omisión del Instituto Estatal Electioral que ya fue impugnada el pasado 18 de junio por la agrupación que dirige Gómez Caballero ante el Tribunal Estatal Electoral a manera de solicitud de nulidad respecto de las constancias de mayoría entregadas a 8 candidatos que no pasaron ni con 8 la universidad y otros que fueron impuestos con favores políticos.
Se trata de Rubén Aguilar Gil (hermano de la diputada Lilia Aguilar), José Luis Chacón Rodríguez, Nyria Janette Trevizo Rivera, Gloria Angélica Mendoza Beltrán, Cristina Guadalupe Sandoval Holguín y Emmanuel Chávez Chávez, a quienes se les señala de haber sido exentados indebidamente de acreditar los requisitos legales por el solo hecho de ocupar cargos de secretaría de acuerdos en salas vacantes, sin ser magistradas o magistrados en funciones.
Se destaca también que Rubén Aguilar Gil, Nyria Janette Trevizo Rivera y Cristina Guadalupe Sandoval Holguín no reúnen el requisito de contar con un promedio académico igual o superior a 8. Además, José Luis Chacón Rodríguez, Rubén Aguilar Gil y Gloria Angélica Mendoza Beltrán (esposa del alcalde suplente de Juárez, Héctor Ortiz Orpinel) no cuentan con experiencia comprobada de al menos tres años en la materia correspondiente a la magistratura por la que fueron electos, ya que en los dos últimos casos fueron designados como secretarios de acuerdos durante el desarrollo del proceso electoral, lo cual no solo evidencia un uso estratégico e indebido de dichos nombramientos, sino que apunta de manera directa a la utilización de cargos públicos para cometer fraude electoral. Es decir, hubo mano negra.
Lan agrupación también tuvo para Marcela Herrera Sandoval, a quien señalan de no tener la experiencia y conocimientos acreditados ya que su desenvolvimiento es sólo admnistrativo y académico, lo que pone en riesgo la impartición de justicia.
Son las primeras impugnaciones que se presentan, pero hay más allá por Nuevo Casas Grandes donde a la brava el IEE rechazó entregarle la constancia de mayoría a un candidato a juez ganador y se la entregó a una candidata argumentado la equidad de género, aunque en las boletas se había definido separar a las candidatas de los candidatos. Así que vienen más polémicas y cuestionamientos al IEE.
