SERGIO ARMANDO López-Castillo
En México la Constitución Política, en cierta forma, es laxa cuando se trata de candidatos o políticos en funciones, que arrastran acusaciones o procesos legales, lo que, en muchos casos, no les impide seguir en la palestra y hasta obtener los cargos para los que contienden, sin pena ni gloria.
Aunque, como cualquier ciudadano o persona con derechos y obligaciones en este país, eventualmente puedan ser arrestados, en caso de proceder las investigados por algún delito, y aun pareciendo imposible, incluso estando en tesitura, la ley les permite continuar con su campaña.
Mientras no se tenga una sentencia ejecutoria que les imponga la suspensión de sus derechos políticos, no pueden verse impedidos de participar como candidatos en una contienda electoral.
Hacer campaña es una de las actividades básicas para las y los candidatos que contienden, no solo en las elecciones de este año 2024, en los comicios federales y estatales que vienen en México, al igual que en muchas partes del mundo.
Aunque la Constitución destaca que los derechos de las personas se suspenden al estar bajo un proceso que amerita la pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión, se toma en cuenta lo establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
De esa forma, lo refiere Carta Magna en los artículos 41 y 99, sobre diversas formas de impugnación relacionadas con el ámbito electoral, cuando así lo decidan terceros en las contiendas, lo que es regulado mediante la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Esas disposiciones señalan, en el artículo 2, que la interpretación del orden jurídico deberá ceñirse a los derechos humanos, reconocidos en la misma Constitución.
Ello, «da lugar a que se prioricen los derechos de las personas, que, por algún motivo, se encuentren en prisión preventiva o sujetos a un procedimiento penal».
En esos supuestos, se usa el criterio de que ‘no basta con que se dicte un auto de formal prisión a una persona, para que se limite su derecho a participar en política-electoral (…), ya que se pondera el principio de presunción de inocencia, de acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia en México.
Si la o el candidato gana los comicios y, además, no tiene una sentencia definitiva, sobre el delito que se le imputa, deberá asumir el cargo.
Esto sería a través de un representante oficial en la planilla (en caso de ser presidente municipal, se gobernará a través del síndico. En diputados sería con su suplente), por ejemplo.
Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como los Organismos Públicos Locales (OPL) deben aprobar el resultado de los comicios.
En Estados unidos, las leyes norteamericanas, y la Constitución allá, brindan respuestas claras solo para algunas dudas que surgen. Otras diferentes y complicadas podrían lanzar al país a territorio desconocido.
Un antecedente poco conocido, es el de Eugene Debs, quien hizo campaña desde una celda de prisión hace más de un siglo, en Estados Unidos. De ese momento a hoy, no se había visto algo similar que podría ocurrir ahora.
Un candidato importante, condenado por un delito grave que contiende a la presidencia de su país, como se esboza en los recientes acontecimientos de la Unión Americana, vecina, es, sin duda Donald Trump, del partido Republicano, más atrás de esto, nunca algún candidato había sido alguien con posibilidades reales de ganar.
El expresidente Trump no enfrenta restricciones de campaña. Aunque ha sido acusado de decenas de delitos graves, en tres casos, dos federales y uno en el Estado de Nueva York, aún falta tiempo para que haya veredictos.
En ese sentido, existen muchas incertidumbres, entre ellas si los procedimientos van a obstaculizar la campaña del del cabello naranja, a nivel práctico, o si comenzarán a perjudicarlo en las encuestas de una manera que no ha sucedido hasta ahora.
Pero si es condenado por alguno de los delitos graves, las cosas se complican y la Constitución y la legislación estadounidense solo tienen respuestas claras para algunas pocas de las cuestiones que surgirían.
Otras llevarían al país por un territorio totalmente inexplorado, y las decisiones más importantes quedarían en manos de jueces federales.
La Constitución establece muy pocos requisitos de elegibilidad para los presidentes. Deben tener al menos 35 años, ser ciudadanos naturales “de nacimiento” y haber vivido en Estados Unidos al menos 14 años.
No hay limitaciones basadas en la reputación o los antecedentes penales (aunque algunos estados prohíben a los delincuentes contender a cargos estatales y locales, estas leyes no se aplican a los cargos federales).
En la práctica, la elección de un candidato procesado o preso, crearía una crisis jurídica, que casi con toda seguridad, tendrían que resolver los tribunales.
En teoría, Trump podría ser despojado de su autoridad en virtud de la Vigésima Quinta Enmienda, que establece un proceso para transferir la autoridad al vicepresidente, si el presidente es “incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo.
Pero eso requeriría que el vicepresidente y una mayoría del Gabinete, declararan a Trump, como imposibilitado de cumplir con sus obligaciones; una perspectiva remota, dado que se trataría de leales, designados por el propio Trump.
Hoy el precandidato único del partido Republicano, parece que podría esquivar los procesos, tanto civiles como los de índole penal, que le instauraron diferentes instancias, por hechos que, en muchos de los casos, estuvieron a la vista de todos.
Sin embargo, en la política todo puede ocurrir; no hay que olvidar, nosotros los chihuahuenses, y muchos en este país, que acá en el estado grande (Chihuahua), una candidata, Marugenia Campos Galván, gran parte de su campaña a la gubernatura en 2021, la realizó con un amparo en su bolso.
Incluso así se desplazó por el estado, en acciones de proselitismo electoral, ya cuando un juez penal la había vinculó a proceso, por aquellos dineros indebidos (moches), que le habría entregado el ex gobernador, y amigo suyo, César Duarte Jáquez, cuando éste estuvo en la cúspide del poder.
Y finalmente, la abanderada del PAN, con una y mil maniobras legaloides, pudo librar la prisión, dado que, para su fortuna, logró ganar la elección a la Primera Magistratura del Estado.
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