Francisco Ortiz Bello
México es territorio sin Ley. Es tierra de nadie. Bueno, no. Corrijo. Es tierra de narcos, es territorio de las bandas delincuenciales del crimen organizado, nuestro país entero está convertido en arena de batalla entre estos grupos que pueden actuar con entera libertad, lo mismo secuestrando personas, cometiendo masacres o simplemente denigrando y burlándose públicamente del ejército, la marina o la Guardia Nacional, da igual, sin que nada ni nadie haga algo por evitarlo.
La anterior afirmación encuentra sustento y validez en decenas, cientos, de publicaciones sobre hechos sangrientos cometidos por todo el país, en miles de videos compartidos en las redes sociales en los que, como nunca antes, se ve a caravanas de vehículos repletos de hombres fuertemente armados, deambular por las calles de ciudades como si nada, exhibiendo descaradamente el poder que ostentan. Incluso, en algunos de esos videos, estos comandos de la muerte se pasean frente a autoridades de distintos niveles de gobierno sin que nadie les diga nada, menos que los detenga. No es pues ninguna exageración. Es solo la cruda y cruel realidad.
Muestras de todo esto en Chihuahua. No bien terminábamos de reponernos de la masacre del Dennys, cuando ocurren los despiadados asesinatos de los sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, Urique, a manos de “El Chueco”, un sujeto que, de acuerdo a fichas de inteligencia del ejército y de la FGE, estaba plenamente identificado como un peligroso criminal desde 2017 al menos, pero que, entonces y ahora, seguía actuando con total impunidad.
Previamente y en el ínter de esos acontecimientos, continuas masacres en Juárez, Chihuahua y en Cuauhtémoc, sin que nadie hiciera algo al respecto, correspondiendo la responsabilidad principal al gobierno federal por tratarse de actividades relacionadas al narco, tanto al tráfico y trasiego como al menudeo, en razón de facultades y competencia, así como porque ni las policías estatales ni las municipales cuentan con el armamento, inteligencia, equipo y efectivos suficientes para hacer frente a estos grupos.
Conclusión que se refuerza con la ficha de “El Chueco”, dada a conocer por autoridades federales, el ejército, quien, con sus labores y equipo de inteligencia militar, lo tenían plenamente identificado desde 2017, al menos. Y la pregunta que surge es inevitable ¿Por qué las autoridades federales no lo detuvieron antes? Si ya sabían de su existencia y de sus actividades delictivas.
Por cierto, hay una declaración del ex gobernador Corral, de 2018, publicada en las páginas de El Diario ayer, en la que afirma tajante: “Va a pagar (El Chueco) este asesinato tan brutal que hizo, paradójicamente, con el que pone fin a su influencia y control en esa zona, porque todos vamos a ir por él” (Nota “Video: Exhibe Ciro a Corral; prometió capturar a El Chueco hace 4 años” | Link: https://bit.ly/3HSYLx1, Federico Martínez Vargas | El Diario de Chihuahua)
Por eso, cuando el presidente de la República afirma que existía un contubernio entre autoridades y carteles del narco, la respuesta contundente es “no existía, existe contubernio”, como se publicó en La Columna de El Diario el pasado jueves 23 de junio, en la que se menciona como el primer mandatario del país intenta justificar los terribles asesinatos de los jesuitas, argumentando que en esa zona todos conocían al Chueco y que seguramente hasta lo toleraban, como si esa fuera razón suficiente para que asesinara a los sacerdotes.
En ese sentido, y siguiendo el hilo de los anteriores planteamientos, hay molestia entre los integrantes de la 4T, y sus fieles e incondicionales seguidores, porque, entre la sociedad mexicana (y la chihuahuense no es la excepción) se percibe un señalamiento de culpabilidad hacia el presidente López Obrador, por todo lo que ocurre en el país en el tema de violencia y criminalidad. Hay, incluso, quienes afirman pactos oscuros y secretos con grupos específicos del narco.
Quizá, solo quizá, no sea culpa del presidente, pero sí es su responsabilidad. Hablar de pactos o acuerdos secretos entre el gobierno federal y el narco sería muy aventurado, a pesar de la gran cantidad de indicios que existen en ese sentido, no son más eso, indicios. Pero sí podemos hablar de extrema tolerancia, de inexplicable complacencia con las actividades criminales de determinados grupos. Y eso, lleva por supuesto a la suspicacia.
Incluso, el presidente ha sido tozudamente insistente en su política de abrazos y no balazos, ha llegado a declarar que se protege a los delincuentes porque también son seres humanos, y más recientemente, en una de sus mañaneras, comentando sobre el tuit del Papa Francisco sobre el asesinato de los jesuitas, López Obrador reafirmó coincidir con la aseveración papal: “¡Cuántos asesinatos en México! La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios.”
El presidente se alargó en una extensa disertación cuyo eje central giró en torno a la afirmación que la violencia solo genera más violencia, que la violencia no se combate con más violencia y otras frases similares, todas con un gran sentido filosófico y humanitario propias de un gran pensador, pero no de un presidente de un país.
En efecto, la filosofía y las leyes tienen dos ámbitos de acción y aplicación totalmente distintos. Cierto es que las leyes tienen un fuerte componente filosófico en su conformación, pero una vez que son leyes se aplican, y punto. No hay más.
El presidente de México no puede filosofar, no le está dado entre sus facultades torcer la ley a cambio de apreciaciones filosóficas sobre la violencia y la vida, simplemente no. El primer mandatario del país tiene que aplicar la Ley en sus términos, sin ambigüedades ni interpretaciones personales, porque si no lo hace estaría incumpliendo su principal mandato: cumplir y hacer cumplir la constitución y todas las leyes que de ella emanan. Así lo juró el 1 de diciembre de 2018 en el Congreso de la Unión.
Por eso, cuando AMLO afirma que la violencia (de los criminales) no se combate con más violencia (desde el Estado), se equivoca en un principio fundamental: el Estado (gobierno) no ejerce violencia, utiliza la fuerza pública legal y legítimamente facultado por el voto popular, para imponer el Estado de Derecho, porque la Ley no se negocia ni se ignora, se impone. Es la garantía del Pacto Social para mantener la paz, tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.
Utilizar las fuerzas del orden para imponer la Ley, no es violencia. Es el mecanismo legal, válido, que tiene el Estado para garantizar el Estado de Derecho, por eso, a quienes se resisten a ser arrestados para ser procesados por algún delito, se les aplica la fuerza pública, que no es violencia.
Para que haya justicia la Ley tiene que ser aplicada por encima de cualquier otra valoración, de lo contrario se abre la puerta a la impunidad y a la anarquía, como hoy ocurre, a la vulnerabilidad total de una sociedad que queda en manos de los delincuentes quienes sí utilizan la violencia para dañarla.
Desde Chihuahua, y desde muchos otros puntos del país, muy amplios sectores sociales le gritan al presidente que deje de filosofar sobre la violencia y la vida, y que se ponga a gobernar, que aplique la Ley contra los malos, aunque para ello tenga que hacer uso de la fuerza pública, es su deber, es su facultad, es su obligación moral y jurídica como presidente de todos los mexicanos. No puede ni debe evadirla. Si no lo hace, el juicio de la historia será implacable con él.
López Obrador está obligado a actuar. La constitución y las leyes del país lo obligan a dar las instrucciones necesarias a Sedena, a Segob, a SSPC, a la Marina, a la FGR y a la Guardia Nacional para que se implante de nuevo en México el Estado de Derecho, para que se hagan valer las garantías de seguridad y protección a las que todos los ciudadanos tenemos derecho y que están consagradas en nuestra Carta Magna.
Pero si el presidente insiste, obstinada y tercamente, en mantener una política relajada de aplicación de la Ley con los grupos del crimen organizado, que no le sorprenda la sospecha generalizada en el país sobre su inexplicable complacencia, y posibles acuerdos, con los carteles del narco.
Es él mismo quien abre la puerta de la suspicacia y la sospecha, al no cumplir cabalmente con una facultad y obligación legal que tiene. La violencia criminal se combate con la aplicación de la Ley, utilizando para ello todos los recursos legales al alcance. Y la fuerza pública es uno de esos recursos, no existe razón válida para dejar de usarla, a menos que esa razón sea inconfesable.
Francisco Ortiz Bello
