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Dominical
Venezuela no robó petróleo
Del petróleo a CITGO: ¿quién robó a quién?
Por: Raúl Sabido
“Los piratas de ayer saqueaban mares; los de hoy, disfrazados de gobiernos y banqueros, roban soberanías.”
Donald Trump pretende reescribir la historia al proclamar que el petróleo y las tierras de Venezuela son de Estados Unidos. Esa narrativa no describe un “robo”, sino la pérdida de privilegios empresariales que, en su momento, fueron consensuados, aceptados y compensados. Venezuela no le robó nada a Estados Unidos simplemente ejerció soberanía y, conforme a derecho, negoció e indemnizó.
Desconociendo la legalidad de acuerdos presidenciales
Donald Trump desconoce las medidas y decisiones que hace 49 años fueron consensuadas entre Venezuela y el propio gobierno de Estados Unidos. Un presidente como él debería reconocer que otro presidente de su país aceptó la nacionalización del petróleo venezolano, con indemnizaciones y acuerdos legales. Solo los necios pueden desconocer decisiones presidenciales y negociaciones que quedaron registradas en la historia.
Si seguimos lógica de Trump, México podría desconocer el Tratado de Guadalupe Hidalgo y exigir la devolución de más de la mitad de su territorio, alegando que fue un robo. Ejemplos como este abundan donde pueblos que ejercieron soberanía frente a intereses norteamericanos negociando, consensuando e indemnizando a los afectados, México uno de ellos. Pretender reescribir esos hechos es negar la historia y la legitimidad presidencial de las naciones que actuaron conforme al derecho internacional y a la normatividad diplomática.
1975 como antecedente y el acto soberano de 1976
En 1975 se preparó el marco político y legal entre los tres países, Estados Unidos, Reino Unido y Venezuela que desembocó en la nacionalización del 1 de enero de 1976 bajo la presidencia venezolana de Carlos Andrés Pérez. Con la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera se creó PDVSA y se extinguieron las concesiones. Fue el resultado de décadas de debate nacional, del clamor social y del consenso de que el petróleo es patrimonio de la nación.
Liquidación, indemnizaciones y continuidad operativa
Lejos de cualquier confiscación, el proceso fue ordenado y compensado. Las compañías estadounidenses (como Exxon, Mobil y Gulf Oil) y británicas recibieron indemnizaciones por activos y operaciones. Varias continuaron participando como contratistas bajo nuevas reglas que reafirmaban la soberanía venezolana. La liquidación se hizo conforme a la ley, con reconocimiento de inversiones y acuerdos aceptados por las partes.
Derecho internacional, soberanía y el discurso del “robo”
La soberanía permanente sobre los recursos naturales, reconocida por la ONU (Resolución 1803, 1962), establece que cada nación decide cómo explotar sus bienes. Calificar de “robo” la nacionalización es una retórica colonial, expansionista e imperialista que ignora ese principio jurídico y moral. Sugerir incluso un bloqueo militar en el Caribe para apropiarse de recursos ajenos sería un acto de agresión bajo la Carta de las Naciones Unidas, pero todo ello se los está pasando por el arco del triunfo la administración Trump desacreditando el derecho y la diplomacia, acuerdos, convenios y tratados entre países soberanos.
“CAP”: nacionalismo con pragmatismo
Carlos Andrés Pérez, “CAP” no rompió puentes, combinó nacionalismo socialdemócrata con diplomacia efectiva. Negoció indemnizaciones, protegió capitales y mantuvo relaciones estables con Washington. La nacionalización fue aceptada por Estados Unidos porque se realizó dentro de un marco legal y diplomático. Venezuela recuperó el control del petróleo sin aislarse del mundo.
El contraste histórico
CITGO y el despojo
Tras la nacionalización, Venezuela construyó una red de refinación y distribución en Estados Unidos para asegurar mercados. En 1986, PDVSA adquirió CITGO, industria clave para colocar crudo pesado en el mercado norteamericano. A partir de las sanciones desde 2017, se bloqueó el acceso de Venezuela a CITGO. En 2019, con el reconocimiento de Juan Guaidó como “presidente interino”, se nombró una junta ad hoc adversa de PDVSA que tomó el control de CITGO en suelo estadounidense. Ese proceso despojó al Estado venezolano de su principal activo en EE. UU. bajo un pretexto político de sanciones y reconocimientos paralelos. Trump, en su primer período, entregó la empresa y la industria a los opositores perdedores venezolanos.
Hoy la gente de Juan Guaidó, opositora al gobierno legítimo, constitucional y democrático de Venezuela, se beneficia de CITGO al administrarla y decidir sobre la empresa, las utilidades por supuesto no llegan a las arcas nacionales venezolanas. CITGO se hizo con dinero venezolano.
Tiempo, memoria y poder
Han pasado 49 años desde la nacionalización petrolera y estamos en el segundo periodo presidencial de Donald Trump. La disputa hoy no es jurídica, es narrativa y de poder. La historia documenta que Venezuela ejerció soberanía con compensaciones; los hechos reales muestran cómo se arrebató CITGO al patrimonio venezolano sin ningún equivalente compensatorio hasta la fecha, SE LO ROBARON.
Anhelar lo que no es tuyo es la esencia del imperialismo y defender lo propio, la esencia de la libertad.
Venezuela nunca robó petróleo a Estados Unidos.
Hoy Trump, el mismo que les arrebató CITGO a los venezolanos, es quien quiere posicionarse como propietario de las reservas petroleras venezolanas más grandes del mundo y todos sus recursos naturales, como las tierras raras y el oro.
Y, por si fuera poco, a Venezuela le arrebataron 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Bajo el argumento político de reconocer a Juan Guaidó como “presidente interino”, Londres desconoció al gobierno legítimo y entregó la administración de ese patrimonio nacional a un dirigente opositor.
El oro no “fue robado” en su origen porque fue depositado voluntariamente por Venezuela como reserva internacional. El problema surgió después, cuando el Reino Unido desconoció al gobierno de Maduro y transfirió la administración a Guaidó, convirtiendo un depósito de confianza en un instrumento político de presión.
Estados Unidos tuvo influencia política en el proceso. Washington reconoció a Juan Guaidó como “presidente interino” en 2019 y presionó a sus aliados europeos para que hicieran lo mismo, el presidente norteamericano era Donald Trump. Esa presión diplomática fue clave para que el Reino Unido negara acceso al gobierno de Nicolás Maduro y entregara la administración del oro a la junta vinculada a Guaidó, incautando el oro que representaba 2,000 millones de dólares, fue un robo descarado a la reserva monetaria de Venezuela.
¿Quién entonces es el ladrón?
